Tras 14 años de tiras y aflojas, Google ha acordado el pago de 100 millones de dólares al grupo de empresas que le demandó bajo la acusación de aumentar secretamente el coste de sus campañas en AdWords y hacer «tratos secretos preferenciales» beneficiosos para grandes compañías que las acogían.
Los litigantes han solicitado a un juez federal de California que lo apruebe porque proporciona «un beneficio significativo» que además esquiva los riesgos y los costes de un juicio inminente.
Y así ponen fin a una causa iniciada en 2011 que se ha activado y desactivado varias veces por diferentes decisiones judiciales, y que resucitó por última vez en enero de 2021 cuando el Noveno Circuito volvió a tomarla en consideración.
Al inicio del proceso Google se negó a ofrecer a los demandantes la información de su base de datos que estos solicitaban en formato adecuado para documentar su demanda.
Y lo hizo a pesar de que el juez Howard Lloyd se lo ordenó de cara a que esas compañías tuvieran descripciones y detalles que les permitieran entender mejor el funcionamiento de AdWords (hoy Google Ads) para su demanda colectiva.
En ese aspecto, los demandantes critican que la información proporcionada por Google fue «lamentablemente incompleta y engañosa» tras la secuencia de solicitudes «a través de correos electrónicos, cartas y conferencias telefónicas» en las que la pidieron. Google habría retrasado esa entrega durante un tiempo prolongado, para después ofrecer datos poco útiles y fragmentados.
La compañía también afrontaba la acusación de despachar campañas en localizaciones no designadas por los anunciantes.
Eso ha dificultado que puedan dar respuesta a las dos cuestiones clave del caso: si Google aplicó Smart Pricing a propiedades particulares de Display Network; y si distribuyó anuncios fuera de las áreas geográficas especificadas por los anunciantes.
Sobre lo primero la demanda plantea que la compañía tenía un campo secreto que permitía activar o desactivar a voluntad el sistema para reducir descuentos. Y sobre lo segundo la acusación se basaba en que las campañas no se restringieron a las localizaciones designadas, lo que a su vez habría violado la ley californiana de competencia.
Google ha rechazado haber incurrido en cualquiera de esos supuestos porque «este caso era sobre funcionalidades de un producto publicitario que cambiamos hace más de una década y estamos orgullosos de que estén resueltos». Pero ha aceptado cubrir la actividad de los anunciantes que utilizaron AdWords entre el 1 de enero de 2004 y el 13 de diciembre de 2021.
