Ofcom, el regulador británico de comunicaciones, ha elaborado una batería de propuestas que pretenden atajar los fraudes en redes sociales. Entre ellas están la prohibición de anuncios fraudulentos, el bloqueo de usuarios identificados previamente por ese comportamiento o la verificación del permiso legal para promocionar productos financieros.
Esta estrategia responde a la importancia creciente de los delitos económicos vinculados al ámbito digital en Reino Unido. Según Ofcom, las campañas engañosas o ilegales provocan pérdidas cercanas a los 200 millones de libras anuales a ciudadanos británicos y la perspectiva no es halagüeña.
De hecho, la irrupción de la inteligencia artificial generativa ha agravado el problema, ya que se está extendiendo su uso para suplantar la identidad de personajes conocidos de cara a promocionar falsas inversiones. El Banco de Inglaterra ya alertó recientemente de estas prácticas.
Así las cosas, Ofcom se ha puesto como objetivo impedir la publicación de ese tipo de anuncios y dificultar en todo lo posible el retorno a plataformas de sus impulsores. Todo ello como parte de una nueva fase de aplicación de la Online Safety Act, el marco legal con el que Reino Unido está redefiniendo las obligaciones de las grandes compañías tecnológicas en materia de seguridad online.
Hasta la fecha ese ámbito normativo ha abarcado contenidos ilegales, protección de menores o verificación de edad. Y como en todos esos casos el regulador quiere que la publicidad ilegal se convierta en una responsabilidad directa de los entornos que la acogen.
Además de las ya mencionadas, Ofcom quiere que servicios como Facebook, Instagram o TikTok reduzcan de manera significativa el secuestro de cuentas legítimas que posteriormente se usan para publicar ese tipo de campañas. Y les reclama a todos ellos que se creen canales que permitan a las fuerzas policiales la detección temprana de anuncios fraudulentos.
Ahora queda por ver si salen adelante todas estas propuestas y de la forma en la que el organismo las ha redactado. En caso de ser así, las plataformas concernidas podrían afrontar multas de hasta el 10% de su facturación mundial anual. Esa es una de las sanciones regulatorias más severas del entramado legal británico.
El regulador quiere atajar un problema creciente que genera alrededor de 200 millones de libras en pérdidas cada año a los ciudadanos británicos.
El paquete de Ofcom también incluye otras obligaciones para las plataformas de mayor tamaño. Entre ellas, las más relevantes son las que forzarían la inclusión de herramientas para reducir exposición a contenidos sobre suicidio, autolesiones o discursos de odio, así como otras que permitan facilitar el bloqueo y silenciamiento de usuarios.
Por último, el regulador también quiere procedimientos específicos que protejan contenidos periodísticos y de interés para la democracia frente a posibles retiradas arbitrarias por parte de las plataformas. Esa es una iniciativa similar a la de la Comisión Europea, que en febrero publicó directrices para introducir salvaguardas específicas para la información de medios frente a prácticas de moderación.
