Autorité de la concurrence, el organismo que vela por la competencia en Francia, exige a Meta reanudar las negociaciones con los editores y agencias de prensa para fijar pagos por el uso de sus contenidos. Considera que el gigante de la web social podría haber incurrido en abuso de posición dominante al imponer su método para calcular esa remuneraciones y negar a los medios la información necesaria para comprobarlas.
Esta intervención urgente del regulador responde al fracaso de las conversaciones para renovar los contratos firmados por Meta con APIG, que representa a la prensa generalista, y DVP, entidad colectiva que gestiona derechos de editores y agencias. El primero de ellos se firmó en 2021 y su validez terminó el 31 de diciembre de 2024, año en el que se cerró el segundo de ellos con vigencia prevista hasta el 31 de enero de 2025.
Las negociaciones posteriores no llegaron a buen puerto por tres cuestiones en las que no hubo acuerdo: cuánto debía pagar Meta a los medios; qué usos estaban cubiertos; y qué plataformas y servicios de la compañía podían utilizar esos contenidos. Eso ha provocado que durante más de un año el trabajo de las organizaciones citadas haya seguido circulando por plataformas como Facebook o Instagram sin remuneración por derechos afines.
De cara a zanjar esta situación Autorité de la concurrence obliga ahora a Meta a que reanude las conversaciones para negociar con criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios el nuevo marco, cuyo efecto será retroactivo e incluirá la utilización de contenidos desde el inicio de 2025. Además, le obliga a entregar en 15 días información sobre ingresos, usos y datos necesarios para calcular compensaciones para ambos colectivos.
Por último, el regulador se quiere asegurar de que el gigante de la web social no empleará como instrumento de presión la reducción del alcance de esos medios. Por ello le exige que no empeore durante esas conversaciones la visibilidad o las condiciones en las que aparecen los contenidos de los editores afectados en ninguno de sus servicios, y para garantizarlo le obliga a remitirle informes periódicos.
La autoridad de la competencia de ese país le reclama un nuevo acuerdo con los dos colectivos del sector tras el final de los anteriores hace más de un año.
Benoit Coeure, presidente de la autoridad francesa de la competencia, explica la decisión señalando que «la negociación se está desarrollando con una negativa a considerar una metodología alternativa o a compartir los datos necesarios para dicha metodología alternativa». Además el organismo pone en cuestión que Meta quisiera limitarla a contenidos publicados por usuarios en Facebook, excluyendo a otras plataformas y modalidades de difusión.
La traslación de la Directiva de Copyright a la legislación nacional francesa en 2019 puso en marcha el reconocimiento a editores y agencias de prensa de sus derechos sobre la reutilización para formato digital de sus publicaciones por parte de plataformas y agregadores. La resistencia a abordar las negociaciones de forma satisfactoria desembocó en una multa de 500 millones de euros a Google en 2020 y otra de 250 millones en 2024.
En esta última sanción asomó el uso de esos contenidos para modelos de inteligencia artificial, algo que de momento no es sustancial en el caso de Meta. Esta compañía ya tiene además otro frente abierto en Francia por la demanda presentada en abril del año pasado por 67 empresas que representan a unas 200 publicaciones, y que le acusan de ventaja ilícita en publicidad digital mediante recogida y explotación de datos personales.
