Meta afronta desde esta semana un juicio crucial para su devenir como empresa, con muchas acusaciones acumuladas sobre el eventual impacto negativo de sus plataformas sobre menores a cargo de una coalición de 29 estados de EEUU. Los demandantes sostienen que las ha diseñado para fomentar su uso compulsivo entre niños y adolescentes, además de haber recogido sus datos ilegalmente y haber ocultado los riesgos inherentes de esas prácticas.
Por todo ello algunos analistas y medios nacionales consideran que este proceso podría asemejarse a los que resolvieron las demandas contra las tabaqueras de EEUU en la década de 1990. Igual que en aquellos casos, los promotores de la causa contra Meta quieren demostrar que conocía los peligros que se derivaban del diseño de sus productos y a pesar de ello los minimizó públicamente. Y mientras seguía profundizando en diseños adictivos.
El gigante de la web social acumula dos varapalos judiciales en EEUU vinculados al diseño de sus plataformas y sus consecuencias sobre menores.
Los fiscales generales de los estados denunciantes apelan en concreto a características como los algoritmos de recomendación, las notificaciones o el scroll infinito, cuyo objetivo sería aumentar el tiempo que los menores permanecen conectados a Instagram o Facebook. Además señalan que Meta habría infringido la legislación federal de privacidad infantil (COPPA) al recopilar y usar datos de menores de 13 años sin consentimiento.
La compañía niega esas acusaciones, pero se expone a un perjuicio económico considerable. Aunque los demandantes no han desvelado públicamente su petición de indemnizaciones o daños, Meta calcula en documentos entregados al tribunal que las reclamaciones de los estados podrían conducir a unos 1.400 millones de dólares porque las leyes de protección de consumidores y privacidad permiten sanciones individuales por cada infracción.
Esa cifra equivale a todo el valor actual de la empresa en bolsa, aunque juristas consultados por Associated Press ven muy improbable que se llegara a imponer una multa con una cuantía máxima teórica. Lo que sí podría suceder si pierde el juicio es que el golpe sea suficientemente significativo comopara afectar a la financiación de las enormes inversiones previstas por Meta, especialmente en infraestructura para inteligencia artificial.
Así lo cree Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, que precisamente acaba de ganar otro caso contra Meta. De hecho esa es hasta la fecha la derrota judicial más relevante para el gigante tecnológico en materia de protección de menores en EEUU que la obligan en principio a pagar 942 millones de dólares.
Esa cifra es el resultante de dos fases: por un lado la resuelta en marzo por vulnerar legislación de consumidores, con 75.000 infracciones de la ley estatal de prácticas injustas a razón de 5.000 dólares por cada una, que dejan un total de 375 millones de dólares; y por otro, la vista hace algunos días que ha concluido con 567 millones de sanción como fondo para corregir perjuicios contra la salud y el bienestar de los ciudadanos del estado.
Más allá de las multas, la relevancia de la sentencia es que obliga a cambios sobre Instagram y Facebook durante cinco años para proteger mejor a menores contra explotación sexual infantil, notificaciones nocturnas que afecten a su sueño o presiones sociales derivadas del número de likes de sus publicaciones. Además la compañía deberá publicar advertencias visibles sobre riesgos y fijar límites obligatorios de uso para menores de 18 años.
Este precedente inmediato de Nuevo México puede ser clave para el frente abierto por los 29 estados mencionados. Además Meta lo encara tras otra derrota en marzo junto con YouTube por una demanda de una joven que había usado sus servicios desde niña y denunciaba sus prácticas adictivas. Por tanto se está creando jurisprudencia en EEUU mientras en la Unión Europea también se empieza a manejar la opción de remedios estructurales.
