Campaña de la DGT del año 2015, gestionada por Carat.

Tres de las agencias sancionadas por Competencia podrán seguir gestionando la publicidad institucional del Estado Central

| 21 MAYO 2018 | ACTUALIZADO: 22 MAYO 2018 9:24

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio a conocer hace diez días la sanción de 7 millones de euros a cinco agencias de medios (Carat, Ymedia, Media Sapiens, Media by Design y Persuade Comunicación) por repartirse contratos de publicidad institucional en los años 2015 y 2016.

Tres de estas agencias sancionadas (Carat, Media Sapiens y Persuade Comunicación) volvieron a ser adjudicatarias el pasado mes de enero del Acuerdo Marco que regula la publicidad institucional durante los próximos tres años, junto con otras 11 firmas.

La sanción no impide que las tres agencias señaladas puedan seguir gestionando las campañas de publicidad institucional del Estado Central, por mucho que Competencia concluyera que tanto Carat, como Media Sapiens y Persuade Comunicación han intercambiado información comercial sensible, con el objetivo de repartirse los concursos publicitarios del anterior Acuerdo Marco.

Y es que hasta que la sanción no sea firme, la Administración Pública puede seguir contratando a las agencias, según se establece en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las empresas sancionadas por Competencia tienen la posibilidad de recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional (ya ha confirmado que lo hará Carat y Media Sapiens) y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Todos estos trámites podrían tener una duración aproximada de seis años (2 años para el fallo de la AN y otros 4 ó 5 años para el TS), según las fuentes consultadas por DIRCOMFIDENCIAL.

Como el Acuerdo Marco Publicitario vigente tiene una validez de tres años como máximo, tanto Carat, como Media Sapiens o Persuade estarían plenamente capacitadas para ser adjudicatarias de cualquier contrato público en ese periodo.

La sanción de Competencia podría tardar en ser firme unos seis años, por lo que Carat, Media Sapiens y Persuade pueden durante ese periodo ser adjudicatarios de contratos públicos.

Es decir, no se sería extraño que Carat pudiese gestionar la próxima campaña de la DGT (la más cara de la Administración General del Estado), como ha venido haciendo en los últimos años; o que Persuade Comunicación se llevara la cuenta de la Agencia Tributaria.

Para ser adjudicatarias de estas campañas públicas, basta con que las agencias presenten las ofertas más baratas en los diferentes concursos basados en el Acuerdo Marco, que se corresponde con cada uno de ellos con las diferentes campañas institucionales.

Hay que recordar que la Administración Central solo tiene en cuenta para adjudicar las campañas institucionales el precio ofertado, sin que entren otros criterios técnicos evaluados mediante un juicio de valor. En definitiva, la decisión es puramente objetiva, pues se aplica una fórmula matemática según las ofertas económicas presentadas. De ahí que si Carat, Media Sapiens o Persuade ofrecen los mejores precios, haya que adjudicarles el contrato de forma obligatoria, por mucha sanción que hayan recibido por repartirse los contratos de las campañas públicas en el pasado.