Admitidos a trámite los recursos de televisiones y productores contra la financiación del cine
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite cuatro recursos contra el decreto por el que se regula la obligación de financiación anticipada del 5% de determinadas obras audiovisuales europeas, que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 30 de octubre.
Las compañías impulsoras de este recurso -ahora admitido- son Walt Disney Iberia, Distribuidora de Televisión Digital (Movistar +), Mediaset y la Federación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), según información recogida por elboenuestrodecadadia.com. De ello se desprende que ni cadenas de televisión ni productoras están contentas con el decreto gubernamental.
El decreto establece la obligación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a contribuir anualmente a financiar anticipadamente la producción europea de películas cinematográficas y series para televisión, así como documentales y series de animación, con el 5% de sus ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación, correspondientes a los canales en los que emiten estos productos audiovisuales con una antigüedad menor a siete años desde su fecha de producción. Para las operadoras públicas, la obligación asciende hasta el 6%.
Con la ley en la mano, las cifras de recibidas por el cine de las televisiones privadas son multimillonarias. A falta de cerrar las cuentas de 2015, Mediaset ingresó 2014 un total de 932 millones de euros, con lo que le correspondería al cine europeo hasta 46 millones de euros. Por su parte, Atresmedia facturó 883 millones de euros, es decir, unos 44 millones de euros para la industria cinematográfica. Si esas cifras se le suman las abonadas por el resto de operadoras televisivas y se multiplica por los 10 años que lleva en vigor, los números son milmillonarios.
Esta polémica derivada de la financiación del cine viene arrastrándose de hace varios años. Y es que fue en 2004 cuando el Gobierno de Aznar introdujo la obligación del pago del 5% de la facturación de las televisiones privadas al cine español.
Ante esta medida, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo, que remitió la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Cinco años después, el TJUE sentenció a favor de los intereses de la industria cinematográfica: «Un estado miembro de la UE puede obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación de películas cinematográficas y de televisión europeas», confirmaban los jueces comunitarios.
A finales de ese mismo año -2009-, el Tribunal Supremo sí tomó parte en el asunto y planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que obliga a las televisiones a invertir un porcentaje de sus ingresos en cine español y europeo. El alto tribunal estimó en aquella época que la norma iba «en contra de la libertad de empresa que garantiza la Constitución, restringe la capacidad de las televisiones para decidir el destino de sus inversiones y no responde a razones imperiosas de interés general».
