Canadá quiere forzar a Netflix y otras compañías de streaming a invertir en producción local
El Gobierno canadiense ha presentado cambios sobre la Ley de Radiodifusión en vigor que obligarían a las plataformas de streaming a que aporten hasta 830 millones de dólares al año para la creación de contenido local de cara a 2023. Según ese proyecto de ley, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Comunicaciones (CRTC) adquiriría la competencia necesaria para exigir contribuciones a servicios de streaming con el objetivo de apoyar las industrias nacionales de cine, música o televisión, así como para reclamar la promoción proporcional que considere sobre su trabajo.
La propuesta fue presentada por Steven Guilbeault, ministro de Herencia Canadiense, que explicó en su comparecencia que “un sistema para nuestras emisoras tradicionales y otro separado para los servicios en línea simplemente no funciona. Este marco regulatorio obsoleto no solo es injusto para los negocios canadienses, sino que además amenaza puestos de trabajo nacionales y socava nuestra capacidad de contar nuestras propias historias”.
A falta de saber si sale adelante en el Parlamento canadiense, en el que el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau perdió la mayoría en las pasadas elecciones de 2019, el proyecto ha suscitado debate en los sectores creativos a los que beneficiaría, tal y como refleja The Globe and Mail: Reynolds Mastin, presidente de la Asociación de Productores Canadienses, habla de “legislación importante” para hacer frente a las desigualdades generadas por el mercado; y la postura contraria se puede encontrar en Amigos de la Radiodifusión Canadiense, un lobby que promueve el contenido nacional, que acusa al Gobierno de haber comunicado la iniciativa el mismo día en el que se celebraban las elecciones de EEUU “para que no nos demos cuenta de que los gigantes tecnológicos la escribieron”.
Estos últimos están revisando la propuesta y de momento no han planteado grandes objeciones sobre ella. Su implementación daría amplios poderes a CRTC, que podría imponer multas cuantiosas por su incumplimiento y determinaría los métodos de recolección y reparto de los fondos que generase. Además tendría que establecer qué actores del sector tendrían que ser regulados, bajo la perspectiva de que los espacios de noticias o de videojuegos quedarían exentos de su área de acción.
Estas medidas recogen algunas de las recomendaciones que proporcionaba el informe publicado en enero por el Panel de Revisión Legislativa de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Ese documento también incluía propuestas en relación con medios y agregadores, que serán objeto de otro proyecto de ley. Esa propuesta irá en línea con los pasos dados en Francia y Australia, tal y como reclama la industria local.
