El Gobierno murciano inicia la renovación con Secuoya pese a la oposición de PSOE y Podemos
Además de producir Ten, uno de los últimos canales en incorporarse al escenario de la TDT nacional, el Grupo Secuoya gestiona desde hace algo más de un año 7 Televisión, la cadena autonómica de Murcia. La compañía presidida por Raúl Berdonés firmó el 31 de marzo de 2015 un contrato de cesión con el Gobierno regional hasta el 30 de abril de 2017, con opción de prorrogarse por otros tres años más.
En primer lugar, el acuerdo alcanzado entre la productora y el gobierno del popular Pedro Antonio Sánchez permitió retomar las emisiones en directo, que estaban suspendidas desde el 31 de agosto de 2012, cuando se privatizó la televisión y fueron despedidas cerca de 300 personas tras rescindirse el contrato con el Grupo Empresarial de Televisión de Murcia (GTM). Desde entonces y hasta la llegada de Secuoya la programación estuvo basada en antiguas reposiciones y en series adquiridas por la FORTA.
De esta manera, el principal punto del contrato contemplaba cambiar el modelo de gestión de la cadena autonómica, hasta entonces ente público, a uno privado. Así pues, tras la adjudicación se constituyó una nueva estructura organizativa y se redujo considerablemente su presupuesto anual, de los 39 millones de euros a los 9 millones. Esto convertía a la rebautizada como 7 Televisión en la cadena regional más económica, con una cuota de audiencia de 2,7% en los dos últimos meses.
La oposición alega que el modelo actual no ha permitido «una televisión pública independiente, plural y de calidad»
Sin embargo, la labor de gestión realizada por el Grupo Secuoya no cuenta con el respaldo de los partidos en la oposición. De hecho, hace un mes PSOE y Podemos presentaron ante el Parlamento murciano una proposición de ley en la que solicitaban rescindir el contrato y devolver el control a los ciudadanos. El principal motivo que alegaban para su restitución es que el modelo de gestión actual no ha permitido «una televisión pública independiente, plural y de calidad», ni ha servido para «promover el sector audiovisual regional».
Se trata de una denuncia que también apoyan la Plataforma por el Derecho de Acceso a los Medios Públicos de Comunicación de la Región de Murcia (PDAMP) y la Asociación de Productores Audiovisuales Región de Murcia (APARM). Entre los datos que acompañan argumentación, ambas instituciones exponían que, de los 1,5 millones de euros destinados a «la producción de programas y captación de noticias entre junio y diciembre de 2015, el 62,8% de la financiación se ha destinado a televisiones privadas, y sólo el 37,2 % se ha destinado a productores independientes». De esta manera, sostienen que, en su gestión, Secuoya ha tejido una «red clientelar con televisiones privadas y algunas productoras financiada por la televisión pública 7RM».
Estas acusaciones se contradicen, llamativamente, con el apoyo que manifestaron las productores de Murcia en octubre del año pasado, a los pocos meses de producirse la llegada de la productora. En concreto, aseguraban que nunca hasta ese momento había existido una relación tan estrecha de colaboración entre el sector audiovisual de la comunidad y La 7.
De momento la iniciativa propuesta por las fuerzas de la oposición no ha prosperado, puesto que PSOE y Podemos necesitan sumar el apoyo de Ciudadanos para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento murciano. Lo que sí se ha aprobado es la previsión del gasto que tendría la renovación de la concesión. Esto es, 32,4 millones de euros hasta 2020.
Según ha podido confirmar este digital, el consejo de Gobierno de la región ha dado los primeros pasos para la tramitación de la prórroga. Se ha hecho con las mismas condiciones, es decir, por más de 10 millones de euros al año. Pero, aunque esta aprobación no supone una garantía segura de que se vaya a renovar el acuerdo, fuentes del sector audiovisual explican que por ahora se han cumplido todos los requisitos exigidos a Secuoya.
