La APM cuestiona el criterio periodístico de la CNMC para asumir el registro de medios

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la mayor asociación de periodistas de España, se muestra expectante ante el recorrido legislativo que pueda tener plan de regeneración democrática presentado hace dos semanas por el Gobierno, con medidas que afectan a medios de comunicación.

La presidenta de la organización, María Rey, responde a este medio que aplauden medidas encaminadas a favorecer la transparencia y libertad informativa, aunque considera innecesaria una regulación porque «aunque las leyes actuales sean antiguas, hay jurisprudencia suficiente«, según expertos en Derecho Constitucional consultados.

Sobre el plan del Ejecutivo que abarca 31 medidas, Rey critica con contundencia «el discurso de fondo», con el que, a su juicio, atribuye principalmente a los periodistas la responsabilidad de los problemas actuales que sufre la democracia.

El día después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al plan, la asociación que preside envió al secretario de Estado de Comunicación un documento de diez medidas, sin obtener respuesta, entre las que destaca la garantía de que los periodistas puedan preguntar en ruedas de prensa, la reducción a un mes del plazo para que administraciones públicas publiquen las subvenciones destinadas a medios de comunicación, para asegurar que notifiquen la tradicional cascada de ayudas que conceden en campaña electoral, y la asignación de un organismo alternativo a la CNMC que asuma el registro de medios.

La asociación propone que el registro de medios lo asuma la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo.

Sobre este último punto, la presidenta de la APM cuestiona el criterio periodístico del regulador. «No me inspira ni confianza ni desconfianza. Nadie me ha dicho quién va a estar supervisando el registro, si hay periodistas o catedráticos. No sé qué saben de medios«, lamenta. En esta cuestión, la APM difiere de la FAPE, la federación de la que forma parte con más del 50% de representación.

El presidente de esa organización, Miguel Ángel Noceda, ve con buenos ojos la involucración de Competencia. «El registro de medios, que debe estar controlado por un organismo independiente, nos parece perfecto, y sus responsables, tanto la presidenta [Cani Fernández], como los directores y técnicos, a la FAPE merecen total respeto y confianza. Estamos seguros de que van a garantizar la independencia. De todos modos, estaremos vigilantes», dijo la semana pasada en el evento Foro de la Nueva Comunicación.

La APM propone que esa función la asuma la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, a la que se acogen los colegios profesionales, por su carácter «aséptico, autónomo, independiente» y familiarizado con las cuestiones periodísticas.

Medios regionales

Tanto la asociación como la federación coinciden en que, del mismo modo que el Gobierno quiere que los medios publicados en lenguas cooficiales puedan optar a más publicidad institucional que el resto, el criterio de «discriminación positiva» se amplíe a medios locales y regionales en comunidades donde sólo se hable el castellano.