Las TV privadas creen que es una «emergencia social» la falta de regulación de los influencers

Las televisiones privadas representadas por UTECA (no esta Mediaset) creen que las grandes plataformas de compartición de vídeo, las redes más populares y también los grandes “influencers” presentes en ellas desarrollan un «lucrativo negocio sin reglas» que «perjudica a la ciudadanía, especialmente a los menores».

Esta denuncia de la asociación se sustenta en dos estudios recientes: uno realizado por la Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC) y otro por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ambas entidades han analizado casi 5.000 vídeos, que «confirman la desprotección de los menores en plataformas y redes, donde tienen acceso a contenidos inadecuados para su edad, apenas señalizados, y en las que padecen un agresivo bombardeo publicitario, a menudo a través de publicidad encubierta, no identificada como tal», señalan desde UTECA.  Una situación agravada -a juicio de la asociación- por el hecho de que los menores son grandes consumidores del contenido difundido por estas plataformas de compartición de vídeos.

«Las cifras no pueden ser más alarmantes», comentan. De los casi 4.000 vídeos analizados por la AUC, únicamente un 1,1% presenta algún tipo de señal o advertencia de edad, una advertencia que es obligada para las televisiones. Además, solo un 5,5% de los contenidos perjudiciales para el menor presenta algún tipo de señal o advertencia de edad.

En cuanto a la publicidad, el estudio de la AUC advierte de que en las plataformas y en las redes sociales un 34,3% de los mensajes publicitarios y promocionales detectados son comunicaciones comerciales encubiertas, práctica prohibida y sancionada por la legislación audiovisual. Esa publicidad encubierta se detecta mayoritariamente entre los “influencers”, en un 84,6% de los vídeos generados por los usuarios.

La Asociación de Usuarios de Comunicación ha destacado, además, la actuación de los  “influencers” infantiles y juveniles, “que explotan la confianza y credulidad de los menores, incitándoles a la compra, generalmente de forma encubierta”. Especialmente relevante le resulta también a la AUC “el acceso de los menores a contenidos de estética que imponen cánones de belleza muy estrictos y excluyentes”.

En la misma línea, el análisis de la CNMC, realizado por los propios técnicos del organismo, constata que “en una gran parte de los contenidos que emiten estos agentes en las plataformas de intercambio de vídeo existen comunicaciones comerciales no identificadas o contenidos audiovisuales que pueden ser perjudiciales o inapropiados para los menores”.

El estudio de la CNMC señala que en los vídeos de Youtube y Twitch “lo más relevante, por su presencia en más de la mitad de los vídeos visionados, es la existencia de contenidos que pudieran vulnerar la normativa sobre protección de los menores y de comunicaciones comerciales”. En cuanto a Instagram TV, la CNMC alerta de que “también se ha apreciado una alta exposición de contenidos comerciales por parte de estos agentes sin la debida identificación de los mismos”. En este contexto, la CNMC pretende supervisar la actividad de los “influencers” por considerarles prestadores de servicios audiovisuales.

Desde UTECA creen que el Ejecutivo «debe cesar en su inactividad y dejar de escudarse en la imposibilidad de legislar sobre estas plataformas por tener su sede social fuera de España».

«Estamos ante una emergencia social», indican desde la patronal de las TV privadas. Ambos estudios «obligan al Gobierno a actuar de forma rápida y contundente, para acabar con una impunidad que perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad», sostienen. «No caben excusas, no cabe esperar a que Europa resuelva un problema generado por la no aplicación de la legislación audiovisual nacional a los gigantes internacionales que prestan servicio en España. El perjuicio es aquí y ahora, y la solución en forma de leyes que regulen, supervisen y puedan sancionar a estos nuevos operadores no debe demorarse más».

Desde UTECA creen que el Ejecutivo «debe cesar en su inactividad y dejar de escudarse en la imposibilidad de legislar sobre estas plataformas por tener su sede social fuera de España». Argumentan que al igual que ha hecho con la prohibición de la publicidad del juego, que ha logrado que afecte por igual a los medios tradicionales y a los operadores digitales, debe dictar unas leyes de obligado cumplimiento para todos los operadores que difunden sus contenidos en España.