Eduardo Inda, director de OKDiario.OKDiario demandará al Congreso tras la suspensión de su sanción por parte del Supremo
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado este lunes su decisión de mantener suspendida la sanción al redactor de OKDiario Segundo Sanz, que le fue impuesta por la Presidencia del Congreso de los Diputados.
A la vista pública estaban citados tanto el periodista como el fiscal y el representantes del Congreso de los Diputados para formular alegaciones sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida de retirada de la acreditación al periodista durante el periodo de un año. También para pronunciarse sobre su conformidad con la jurisdicción del Supremo para resolver el recurso.
Según confirman fuentes del medio dirigido por Eduardo Inda, el Alto Tribunal ha confirmado ambas cuestiones en favor del periodista y de OKDiario. En su resolución señala que, sin perjuicio de cuál sea la decisión definitiva que pueda adoptar sobre la cuestión, debe mantenerse el amparo a Sanz y dejar sin efecto, preventivamente, el acto administrativo de la Mesa del Parlamento.
La Sala entiende que, «aun no mediando ahora el elemento de urgencia
que sí concurría al adoptar la medida cautelar, no hay motivos para variar el
juicio entonces alcanzado sobre la escasa incidencia que el mantenimiento de
la suspensión ha de tener en esos intereses públicos». Motivo por el cual ratifica su decisión anterior al concluir que afecta al derecho de comunicar información veraz por cualquier medio de difusión.
Reclamará la anulación del acto administrativo como pedimento principal
Las mismas fuentes explican a DIRCOMFIDENCIAL su decisión de abrir una batalla legal en los próximos días mediante la formalización de una demanda contra el Congreso de los Diputados por vulneración del principio de legalidad y del derecho a la libertad de información. Únicamente reclamarán la anulación del acto administrativo como pedimento principal.
Los hechos de este desencuentro se remontan al pasado 3 de julio, cuando la mesa de la Cámara acordó sancionar al periodista con un año de retirada de la acreditación de prensa al Congreso por haber grabado los despachos de los dirigentes de Unidas Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, sin su autorización. Antes de este expediente, la portavoz de la formación morada había interpuesto una denuncia contra Sanz además de una queja ante la dirección del parlamento.
Quince días después, el 18 de julio, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo accedió a dejar en suspenso la sanción a instancias del diario digital. El redactor alegó que la medida afectaba a su derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión o libertad de información, reconocido en el artículo 201. de la Constitución.
El tribunal señalaba que se debía dejar sin efecto el acuerdo de sanción del Congreso porque «la situación de urgencia» relativa a la proximidad del debate de investidura de Pedro Sánchez que la sanción impuesta le impedía cubrir.
