El Gobierno ha acelerado la maquinaria para intentar aprobar antes de final de año en el Congreso la conocida como Ley de lobbies, una normativa que busca reforzar la transparencia de esta actividad, con la creación de un registro de grupos de interés y publicación de reuniones que estos mantienen con parlamentarios.
Después de que el Consejo de Ministros diera luz verde el pasado enero al avance legislativo, este proyecto de ley ahora se está tramitando en la Cámara Baja con expectativas de alcanzar una amplia mayoría, tras un acuerdo entre el Grupo Socialista y el Popular, aunque con un importante escollo que vuelve a poner la normativa entre las cuerdas.
Junts ha presentado 19 enmiendas a la normativa, de las cuales 10 corresponden a materias ajenas a la regulación de la actividad de los grupos de interés. En una de estas reclama que el Estado atribuya a la Generalitat de Cataluña el control de los funcionarios municipales con habilitación nacional; es decir, los secretarios, interventores o tesoreros de ayuntamientos catalanes, que actualmente se rigen por un régimen estatal.
El registro de esta enmienda firmada por el partido liderado por Carles Puigdemont ha vuelto a disparar las alarmas entre los profesionales del lobby, que desde hace más de una década llevan reclamando una ley que reconozca y ampare su actividad.
Carlos Parry (APRI): «Dejen de lado intereses inmediatos y trabajen para dotar a España cuanto antes, de un marco normativo sólido, transparente y eficaz».
El presidente de su principal organización, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, ha comparecido este martes en el Congreso, en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, donde ha aplaudido la aprobación del Plan de Parlamento Abierto, y ha defendido la necesidad de hacer lo mismo con la Ley de lobbies. «La regulación de la actividad del lobby debe avanzar al mismo tiempo», ha dicho.
Parry recuerda que «aprobar esta ley no es una demanda corporativa, sino una exigencia democrática», y que «convertiría una práctica que ya existe en una práctica ordenada, ética y transparente«. «Pedimos que esta futura Ley de Lobby no se convierta en objeto de disputa partidista ni quede atrapada en la negociación política. Los profesionales no queremos ser rehenes de ningún interés partidista o de algún partido. La regulación de los grupos interés o la modificación del reglamento no puede esperar más, la transparencia no se negocia«.
Parry ha concluido su intervención pidiendo a todos los grupos parlamentarios «que dejen de lado intereses inmediatos» y «trabajen para dotar a España, cuanto antes, de un marco normativo sólido, transparente y eficaz».
