Saénz de Buruaga renuncia a su demanda contra el presidente del comité de Telemadrid

Más que a contrarreloj, la constitución de la empresa encargada de dar cobijo a la nueva Telemadrid prosigue con unos plazos muy ajustados. El consejo de administración ha ido cumpliendo con todos los puntos que se marcaron tras tomar posesión del cargo, donde se incluía la elección del presidente, cargo que ostenta Salvador Molina; la redacción de la Carta Básica de Servicios, donde quedan recogidos los objetivos de la cadena; y la convocatoria para seleccionar al próximo director, la cual fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

Ahora bien, el nuevo órgano directivo de Telemadrid se ha visto obligado a despachar todas estas tareas en unas condiciones ‘precarias’, calificadas así por algunos miembros y por la oposición al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. Como ya contó DIRCOMFIDENCIAL, desde su llegada al cargo, hace más de dos meses, los consejeros vienen desarrollando su actividad sin recursos técnicos (ordenadores y correo corporativo) y, en muchos casos, sin más información del todavía ente público que la que va trascendiendo en las sesiones de control.

Estas limitaciones en el desempeño de sus funciones, ocasionada por el traspaso de activos y pasivos a la nueva empresa, les impide tener acceso por ejemplo a las cuentas anuales de Telemadrid. Así, la consecuencia de no poder llevar un control de los informes financieros de este año tiene maniatados a los consejeros, que se ven obligados a diseñar su plan de gestión de la cadena pública a ciegas. La última referencia son los resultados correspondientes a 2015, donde el ente público cerró con un superávit de 5,7 millones de euros y un coste de 63,1 millones, cuando el presupuesto par 2016 se fijó en 67,9 millones.

En medio de este proceso de transición mercantil y corporativa, el comité de empresa de Telemadrid ha dado carpetazo a un asunto referente precisamente a la gestión que se hizo de la televisión durante el mandato de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Se trata de una disputa legal que relacionaba a su presidente, Luis Lombardo, con el periodista Ernesto Saénz de Buruaga.

Saénz de Buruaga ha renunciado a continuar los trámites de la demanda que interpuso contra el presidente del comité de Telemadrid por unas informaciones sobre la remuneración que percibió durante su etapa como presentador en la cadena regional, entre los años 2006 y 2009, de las que interpretó que se le podía relacionar como propietario o socio de la productora del programa, News Atlantis Lines.

Reclamaba ser resarcido con 100.000 euros y la «rectificación en todos los medios de comunicación en los que se habían publicado la noticia de la comparecencia», según informa el comité de la televisión madrileña. De este modo, una vez aclarado que en ningún momento se le atribuyó a la propiedad de esta sociedad audiovisual, la defensa de Buruaga ha optado por llegar a un acuerdo entre las partes y no seguir adelante con la demanda.

El origen del litigio, que se ha desarrollado con absoluta discreción desde su presentación ante los Juzgados de Madrid en la pasada primavera, se remontan al pasado 16 de febrero. En la Comisión de Endeudamiento celebrada ese día, Luis Lombardo ofreció datos sobre los sueldos que percibió el periodista burgalés por presentar ‘Madrid Opina’. Por cada programa recibía 4.500 euros, lo que al mes suponía una facturación de 18.000 euros. Teniendo en cuenta el total de lo facturado a Telemadrid, «lo facturado por el señor Buruaga asciende a 971.500 euros«, precisó el presidente del comité.

Pero la polémica envuelve también al propio formato, producido por New Atlantis. Cada programa tenía un coste de 45.000 euros para la cadena pública, sin contar con los medios técnicos, que los ponía la propia Telemadrid. En este sentido, Lombardo comenta en su intervención que a partir de 2010, fecha en la cual el programa pasa a hacerse de manera interna, el coste por programa se rebajó hasta los 13.000 euros.