Más de 40 periodistas de 17 medios han documentado que entre 2019 y 2025 las grandes empresas tecnológicas de EEUU llevaron a cabo casi 3.000 acciones de lobby. Se trata de una investigación internacional que tras un trabajo de nueve meses ha aflorado actividad de ese tipo en 11 países y la Unión Europea con tácticas variadas. Entre ellas, contratación de políticos o campañas de desinformación para intentar bloquear regulación perjudicial.
Esto último ha sido especialmente patente en algunos países de Latinoamérica como Brasil, donde el intento de regulación sobre información falsa ha encontrado la oposición de Meta. Su resistencia a someter a sus plataformas a ese nuevo marco se sustanció en una campaña en la que señalaba que conduciría a «la censura de la Biblia» y que eventualmente impulsó el final del proyecto.
Ese es solo un ejemplo de acciones que hasta la fecha han contado con poco escrutinio de periodistas en el sur global, y uno de los que ha provocado que la organización no gubernamental Agência Pública pusiera en marcha la investigación. Nucleo, otro colaborador brasileño, identificó hasta 75 profesionales contratados por 15 tecnológicas para interceder ante el Gobierno y el Congreso Nacional (equivalente al Parlamento).
El trabajo de más de 40 periodistas aflora la actividad no regulada de esas compañías en el sur global, según Nieman Reports.
Las grandes compañías tecnológicas son los principales inversores en asuntos públicos en la Unión Europea y su gasto en EEUU también es considerable, pero en países como el mencionado Brasil esa actividad no está regulada. En base a investigar esas relaciones los autores de la información han concluido que en esos lugares hay una cantidad significativa de vínculos entre políticos y gigantes tecnológicos.
La simbiosis entre ambas partes se explica porque los primeros se benefician de una atención más cercana para cultivar su presencia en sus plataformas, crucial para ser elegidos o reelegidos. Y en ese proceso obstaculizan la aprobación de leyes que supongan cortapisas para su negocio.
Brasil es también escenario de la estrategia de Google para minimizar los pagos a editores por el uso de sus contenidos, según diferentes leyes que se han ido aprobando en países como Canadá y Australia. Los periodistas reflejan en su investigación que el gigante tecnológico ha procurado establecer acuerdos privados que impidieran acciones colectivas y vincular esos pagos a News Showcase para evitar admitir una explotación previa.
Esas tácticas también han sido recurrentes en la Unión Europea, donde Google y otras compañías del segmento han recibido sanciones por no comportarse de acuerdo a la regulación adoptada en los últimos años. En ese contexto se han tensado las relaciones con la administración de Donald Trump, que considera cualquier legislación extranjera limitadora o sancionadora de la actividad de las tecnológicas de su país como un acto comercial discriminatorio.
