De izquierda a derecha: Diego Bayón, Pablo García-Valdecasas, Lucas González de Ojeda, Javier Valiente, Cristina Ayala, Yolanda Vega, Antonio Relaño e Irene Matías.

7 de cada 10 responsables públicos en España defienden facilitar la participación de lobbies en la política

| 1 JULIO 2022 | ACTUALIZADO: 4 JULIO 2022 8:29

Regular el lobby en España. Esta es, desde hace más de diez años, la firme demanda de los profesionales de los Asuntos Públicos que buscan normalizar esta actividad con transparencia, del mismo modo que sucede en otros países del exterior, con una solvente cultura en la materia, como Estados Unidos o Reino Unido. Ahora, a esta petición se suman también autoridades de la Administración Pública.

El 68,4% de los cargos públicos es partidario de mejorar los mecanismos para la participación de los lobbies en la definición de las políticas públicas. Esta es una de las conclusiones extraídas del estudio La visión de las relaciones institucionales por parte de los poderes públicos, elaborado por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) junto a la Deusto Business School, que presentó ayer en el Senado Yolanda Vega, directora de Asuntos Públicos de BCW. Un informe elaborado a partir de las respuestas de más de 120 cargos públicos de distintas administraciones territoriales.

El estudio también concluye que únicamente el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual o que el 63,5% es favorable a la creación de un registro nacional de lobbies. Actualmente, este registro está vigente en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y en un solo Ayuntamiento, el de Madrid.

¿Quién debe inscribirse en estos registros? El director general de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Relaño, reconoce que muchos de los grupos con los que se reúne “se quejan de que no son lobbies. Detecto resistencia a considerarse lobbies. Ciertas organizaciones justifican que no tienen ánimo de lucro, como asociaciones vecinales o que ya tienen competencias constitucionalmente atribuidas”. En su propuesta de un registro nacional, APRI defiende la inscripción de todas las personas o empresas que ejercen el lobby, independientemente de tamaño y actividad.

El estudio también señala que un 72,2% de los representantes y cargos públicos considera que ha aumentado el número de grupos de interés que se movilizan. Una cifra que ha aumentado exponencialmente en España, donde avanza la normalización. El director adjunto de la Representación y Jefe de Análisis Político de la Comisión Europea en España, Lucas González de Ojeda, explicó que cuando llegó a Bruselas –donde hoy operan en torno a 30.000 grupos– “teníamos reuniones diarias muy frecuentes con asociaciones y entidades. Al volver a España, me sorprendía que hubiera esa visión negativa. Es un error tener una concepción maligna porque se busca enriquecer el proceso legislativo. Las normas de transparencia y las de registros son necesarias”.

Por su parte, el director general de Transparencia de la Comunidad de Madrid, Pablo García-Valdecasas, indicó que la representación de intereses no es una carga de la administración sino una actividad de retroalimentación. Las leyes de transparencia han avanzado bastante, y en la comunidad de Madrid ha habido un cumplimiento estricto de la norma de transparencia de los grupos de interés, pero es importante unificar y simplificar la norma”.

8 de cada 10 representantes y cargos públicos reconocen haber atendido a organizaciones sin ánimo de lucro, como las asociaciones. La secretaria cuarta de la Mesa y viceportavoz de la Comisión del Reglamento del Senado, Cristina Ayala, defiende que en el camino a la normalización de esta actividad, “se produce una relación asimétrica entre asociaciones y empresas”, ya que la relación entre el poder político y las asociaciones es “muy habitual” mientras que en la empresa acarrea todavía “claroscuros”, por lo que, en su opinión, “el poder político debe modular esta relación. Queda camino por andar”.

La regulación nacional de los lobbies se está retrasando más de lo esperado. El socio director de Political Intelligence y presidente de la Comisión Deontológica de APRI, Javier Valiente, dijo que “los plazos establecidos por el Gobierno no se están cumpliendo, y los ejemplos europeos, autonómicos y locales de participación en la vida pública de manera regulada y normalizada demuestran que no solo es bueno para mejorar la  elaboración de leyes, sino para la democracia en su conjunto”.

La regulación de esta actividad se retrasa al mismo ritmo que se suman nuevos adeptos a las demandas de los profesionales de los Asuntos Públicos.