Más de 6.000 lobbies se han inscrito en Registros de Transparencia
La regulación del lobby en España está siendo un arduo camino para el sector. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) lleva años defendiendo una regulación nacional de los grupos de interés, que permita impulsar el reconocimiento de esta actividad y promueva su transparencia. Concretamente, propone la constitución de un Registro de Transparencia obligatorio, público y gratuito, accesible electrónicamente.
La asociación demanda agilizar con urgencia la tramitación de esta Ley antes de finales de 2023, momento en el que termina la legislatura y en el que el proceso de aprobación volvería a comenzar de cero. Ese supuesto, explica APRI, “llevaría a la desconfianza y la crítica por parte de las organizaciones internacionales que mantienen una vigilancia sobre España en esta materia sobre la voluntad real de los grupos políticos de introducir la transparencia necesaria”.
La legislación autonómica le lleva la delantera a la nacional. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha ya tienen en vigor una normativa que obliga a los lobbies a inscribirse en un Registro de Transparencia, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, único municipio con esta regulación-. Asturias, Castilla León, Murcia, Canarias, País Vasco y Navarra, están de camino.
Entre todas las regiones que disponen de un Registro de Transparencia en vigor, Cataluña -primera autonomía que lo aprobó en 2017- es la que más grupos de presión tiene registrados (4.527). Le sigue el Ayuntamiento de Madrid (762), la Comunidad de Madrid (746), la Comunidad Valenciana (211) y Castilla la Mancha (47).
APRI defiende en su propuesta del Registro nacional que se inscriban todas aquellas personas o empresas que ejercen el lobby, independientemente de su tamaño y actividad, que incluye tanto pequeñas organizaciones -como podría ser una asociación de vecinos- o grandes corporaciones como patronales, sindicatos o corporaciones profesionales. Esto significa que las agencias y consultoras que presten servicios de Asuntos Públicos también estarían obligadas a inscribirse y no sólo sus clientes.
Actualmente, en los Registros de Transparencia regionales están inscritas firmas como LLYC, Acento, Kreab, Reti España, Atrevia, Evercom, Harmon, Grayling, Vinces, Roman, Political Intelligence, Estrategos o Trescom Comunicación.
