Los profesionales de los Asuntos Públicos observan un halo de esperanza a su demanda más sonada: la aprobación de la conocida como Ley del Lobby, que permita mejorar la transparencia de esta actividad, con un registro de grupos de interés y de los encuentros mantenidos con representantes públicos.
La normativa, oficialmente denominada Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, está en tramitación parlamentaria en el Congreso, pendiente de su sometimiento a ponencias y enmiendas, en un paisaje parlamentario marcado por el bloqueo y la polarización.
La asociación APRI está manteniendo frecuentes conversaciones con parlamentarios para desatascar la iniciativa.
Este clima político ha llevado a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) a contemplar el peor de los escenarios: un nuevo decaimiento de la iniciativa legislativa, con la convocatoria de elecciones que pongan fin a la actual legislatura, como ya ocurrió en 2023.
Sin embargo, desde APRI expresan cierto optimismo, y no descartan que la Cámara Baja pueda dar luz verde a la ley, antes de que se agote la legislatura; incluso este verano, como apuntan a este medio.
Hasta ahora, la mayoría parlamentaria de la iniciativa no ha estado asegurada, con el rechazo de los grupos conservadores, aunque se han alimentado las dudas sobre la posición definitiva de Junts, con quienes están manteniendo varias conversaciones en los últimos días.
Sobre esta ley se refirió hace un mes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, durante la presentación del estudio Asuntos Públicos y Lobby. Radiografía de la profesión en España 2025, elaborado por APRI, defiendiendo que el Gobierno da máxima prioridad a su aprobación y que, “si no está en vigor, es porque no se han alcanzado las mayorías en el Congreso”.
El ministro recalcó que en la Cámara Baja “hay una buena ley, consensuada con el sector y grupos parlamentarios, que podría aprobarse la semana que viene”. Advirtió que, de no aprobarse esta legislatura, «vamos a tardar como mínimo 2 años en aprobar otra», al decaer el texto actual. «Tenemos una oportunidad histórica. Ya vamos tarde. Si sale adelante, será mérito de todos, y si no, tendrá culpables con nombres y apellidos».
Aquel estudio muestra que España es una de las potencias europeas del lobby, al ocupar la cuarta posición de países miembros de la UE con más grupos de interés registrados en Bruselas, con más de 1.000, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia.
