El movimiento B Corp celebra su décimo aniversario con la convicción de haber liderado una ola empresarial sin precedentes a favor de las empresas con propósito, del que actualmente forman parte más de 10.000 compañías presentes en más de un centenar de países.
Su impulsora, la organización sin ánimo de lucro B Lab, inaugura una nueva etapa con la mirada puesta en el afianzamiento de estándares, el fortalecimiento de la comunidad y los avances regulatorios. Precisamente, en España este último es uno de los asuntos más acuciantes que dominan su agenda.
Uno de sus mayores hitos en esta senda fue en 2022, cuando el Congreso aprobó la Ley Crea y Crece, que permite el reconocimiento legal a las empresas con propósito bajo la denominación de Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Sin embargo, el articulado aún carece de desarrollo reglamentario, que establezca requisitos concretos que deben cumplir las empresas para garantizar mayores niveles de transparencia sobre su impacto social y ambiental. El principal escollo es el actual clima político.
B Lab, su organización impulsora, defiende que es «fundamental» y «urgente» la aprobación de un reglamento que concrete los requisitos de empresas con impacto positivo.
Desde B Lab responden a este medio que es «fundamental» esta aprobación, ya que «sin unos criterios claros y coherentes, la figura legal no tiene valor ninguno y, por lo tanto, no ayuda al desarrollo del propósito empresarial en España». También consideran que es «urgente«, porque «mientras no se establezcan los mencionados criterios, empresas de todo tipo, potencialmente opuestas a un propósito empresarial coherente, pueden utilizar la figura legal para fines contrarios».
«Sin reglamento, la ley no se puede aplicar efectivamente y nos aleja como sociedad de lograr los objetivos planteados de transformación del modelo empresarial. Para lograr que las empresas sitúen en el centro a las personas y al planeta, es necesario evolucionar las reglas del juego: leyes, regulaciones y políticas públicas que redefinan responsabilidades y eleven el estándar mínimo de comportamiento empresarial», sostienen.
Desde la aprobación de dicha ley, B Lab ha mantenido una activa agenda institucional, con una ronda de reuniones con representantes políticos, el envío de cartas a las formaciones, una campaña de recogida de firmas, o comparecencias en el Congreso de los Diputados para reivindicar la aprobación del reglamento. Desde el año pasado, más especialmente, reforzaron un plan de relaciones institucionales, con mayores citas con ministerios y representantes del Grupo Popular.
«En 2026 seguiremos trabajando activamente, junto a empresas B Corp y otras entidades alineadas con nuestro propósito, para impulsar la aprobación de este reglamento, más allá de los avances logrados hasta ahora, como el Código de Buenas Prácticas y así avanzar en su implementación efectiva». «Esta normativa», añaden, «no solo permitirá consolidar el modelo de empresa con propósito, sino que también contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas españolas, alineándolas con las tendencias regulatorias europeas en sostenibilidad».
B Corp concluye afirmando que el reconocimiento legal de esta figura aporta seguridad jurídica a aquellas empresas que ya operan con altos estándares de desempeño social, ambiental y de gobernanza, reforzando su contribución a la generación de impacto positivo.
