El sector de los Asuntos Públicos aplaude la aprobación del anteproyecto de ley para regular los ‘lobbies’

| 8 NOVIEMBRE 2022 | ACTUALIZADO: 10 NOVIEMBRE 2022 12:54

Los lobbies estarán obligados a inscribirse en un registro oficial de transparencia a nivel nacional. Esta es una demanda que los profesionales de los Asuntos Públicos llevan años reclamando y que empieza a ver la luz.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que permitirá “facilitar a la ciudadanía un mayor conocimiento sobre los comportamientos que inciden en las instituciones y en las autoridades públicas”.

A partir de su entrada en vigor, todos los lobbies deberán inscribirse en el registro del Portal de Transparencia, y notificar las reuniones que  mantienen con cargos públicos. El anteproyecto determina qué grupos o personas son considerados lobbies, entre los que no figuran partidos políticos, sindicatos u organismos públicos. Sin embargo, sí podrían considerarse grupos de interés las entidades o fundaciones creadas o financiadas por estas mismas organizaciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido que “los grupos que no estén inscritos no podrán contactar con los cargos públicos y deberán cumplir un plan de conductas«.

Esta iniciativa responde a una demanda de la Comisión Europea, de la sociedad civil y de organizaciones como la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que explica que el anteproyecto significa «un buen punto de partida para la regulación de la actividad de representación de intereses. Esperamos que ahora sean capaces de imprimir la celeridad necesaria para aprobarlo antes del final de la legislatura, o nos volveremos a encontrar con otros 4 años de vacío en una cuestión tan importante para nuestra democracia«.

Alfonso Alonso (ACENTO): «Contar con un marco normativo de referencia aumenta la transparencia».

Las consultoras que prestan servicios de Asunto Públicos también celebran la aprobación de este texto. El presidente de ACENTO, Alfonso Alonso, ha asegurado que “contar con un marco normativo de referencia aumenta la transparencia que ya existe sobre la actividad de los grupos de interés, y especialmente, contribuye a la profesionalización del sector, entre otras cosas, procurando las mismas reglas del juego para todos, tanto para la administración como para el sector privado”.

La directora senior de Asuntos Públicos en LLYC, Carmen Muñoz, considera que «una buena regulación de la actividad del lobbying y los grupos de interés puede ser buena, sobre todo, para una mejor comprensión de la necesaria relación/conversación entre lo público, quien regula, y lo privado, el regulado«. Sin embargo, Muñoz advierte que «el camino es largo» y que «somos conscientes de que los tiempos son muy justos».

El director de Public Affairs de Roman, Lucas Calvo, explica a este medio que “llevamos muchos años esperando esta regulación y esta iniciativa significa un avance muy importante en la profesionalización del sector y en la transparencia. Por fin avanzamos en una regulación asentada a nivel europeo y mundial. Habrá que ver si sufre cambios en el Congreso o en el Senado, pero de entrada es un gran paso”.

La legislación autonómica lleva la delantera a la nacional, ya que Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha ya tienen en vigor una normativa que obliga a los lobbies a inscribirse en un Registro de Transparencia, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, único municipio con esta regulación.

El texto que ha aprobado el Ejecutivo también busca frenar las puertas giratorias, para evitar que cualquier alto cargo de la Administración pueda trabajar posteriormente en el sector privado para realizar actividades profesionales «de influencia» relacionadas con su puesto anterior durante, al menos, dos años tras su marcha.