El anuncio de Junts de rechazar todas las leyes que actualmente están en tramitación, ha encendido las alarmas entre los profesionales de los Asuntos Públicos, que llevan años reclamando una ley de lobbies, que fomente la transparencia de esta actividad.
El adelanto electoral de 2023 provocó que decayera el anteproyecto de ley que estaba sobre la mesa para regular la actividad del lobby; y hoy, dos años y medio después, los profesionales de este ámbito temen que pueda repetirse el mismo desenlace ante el probable escenario de bloqueo parlamentario.
Los profesionales del lobby temen que su principal ley vuelva a tumbarse, después de decaer en 2023 con el adelanto electoral.
Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) reconocen a DIRCOMFIDENCIAL que, de nuevo, ven peligrar esta ley que estaba dando pasos firmes, aunque no exentos de obstáculos. El último se lo atribuyeron indirectamente a Junts después de que presentaran una veintena de enmiendas a la normativa, cuya mayoría se referían a ámbitos ajenos a la regulación de los grupos de interés. «No queremos ser rehenes de algún partido», aseguró el presidente de esta asociación, Carlos Parry, el pasado septiembre en el Congreso de los Diputados.
APRI está manteniendo una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar salvar los muebles de esta ley, que podría prosperar con los votos de los grupos que conforman el Gobierno y los del Grupo Popular. De hecho, la asociación aseguran que desde la bancada popular les han transmitido su opinión favorable a la ley, aunque prevén que terminen rechazándola en el hemiciclo. APRI solicita a los parlamentarios «dejar de lado el ruido político», y que dejen de someterse a «tacticismos electorales».
El posible escenario de estancamiento legislativo, también coloca en la cuerda floja otras normativas que afectan al sector de los Corporate Affairs, como la ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación y la de libertad de expresión.
