La UCM investiga la capacidad de influencia de los lobbies españoles
Debido al intento que supone de influir en las decisiones públicas, el lobbying requiere de transparencia ante la ciudadanía por parte tanto de los profesionales que lo practican, como de las instituciones políticas que dialogan con ellos.
Para ahondar en estas cuestiones, tras un primer estudio sobre esta actividad en nuestro país publicado en el año 2022, el equipo de la Universidad Complutense de Madrid liderado por el Dr. Alfredo Arceo Vacas y con la participación del Dr. Sergio Álvarez Sánchez trabaja en una segunda edición que incorpora nuevos criterios de análisis de la capacidad de influencia de cada lobby. Un año más, para lograrlo contarán con el patrocinio de la consultora Reti España. A ella se suma en esta segunda edición Cariotipo MH5, especializada en los esfuerzos de Asuntos Públicos dentro del sector de la Salud.
El informe de 2022 evidenció que la influencia sobre los decisores políticos sólo es posible si la organización cuenta con una serie de recursos clave. Así, como resultado de lo aprendido entonces y de las impresiones recogidas de un total de 30 especialistas, en esta segunda edición el estudio incorpora nuevas variables a ponderar para valorar la capacidad de influencia de cada lobby. Junto al número de comités públicos en los que participa; su número de miembros, o su contribución real a la economía, se consideran también las acciones de lobbying indirecto y la pertenencia a su vez a otras federaciones de su ámbito.
En este sentido, los ejercicios de transparencia legitiman a los lobistas para ejercer influencia sobre decisiones políticas. Por ello, en las baremaciones se incluye si el lobby publica sus cuentas anuales en un lugar visible y el número de registros en los que se encuentre inscrito.
Paralelamente a la elaboración de tres rankings de influencia (asociaciones empresariales y profesionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y consultoras), el equipo de la UCM volverá a presentar una guía de los lobbies españoles: en ella, se podrá consultar en un mismo documento toda la información clave sobre cada grupo de interés español (principales responsables, inversión declarada, posicionamiento ante grandes temas… etc.).
Aportaciones del panel de expertos
En los últimos meses, 30 líderes de opinión del sector de los Asuntos Públicos fueron preguntados por cuestiones como el impacto que tendrá la futura Ley de Transparencia de los Grupos de Interés, o hasta dónde llega el potencial del lobbying indirecto sobre la opinión pública. A la hora de ejercer influencia, los especialistas conceden a este último factor la mayor relevancia comparativamente sobre el resto de variables, mientras que la presencia en comités públicos recibe la mayor calificación en términos absolutos.
En lo relativo a la nueva Ley, los expertos estiman que las grandes consultoras, asociaciones empresariales y grandes empresas, por este orden, son las organizaciones más preparadas para las nuevas exigencias de transparencia. Las pymes, en cambio, suspenden en esta área ante los menores recursos a los que tendrían acceso. En cualquier caso, los especialistas se moderan al estimar cuánto transformará realmente esta nueva normativa la práctica del lobbying en España.
En cuanto al lobbying indirecto, los expertos destacan como herramientas las intervenciones en medios de comunicación, así como la publicación de informes y estudios. Por término medio, defienden el equilibrio entre practicar el contacto directo con los decisores políticos y el lobbying indirecto o incidencia pública.
Hallazgos del primer estudio
Con esta metodología, en la primera edición del “Estudio sobre el estado de la actividad del lobbying en España” se refleja cómo, en conjunto, los sectores de la movilidad y la transición digital se posicionaban como los más influyentes, por delante de sectores tradicionales como el sanitario, el de la energía o el turístico.
Por su parte, sólo un tercio de las consultoras analizadas facilitaron sus cifras de facturación más recientes. En consecuencia, el informe recomendó la introducción de una obligación legal de facilitar esta cifra exacta. También se reclamó un registro español de lobbies unificado y la puesta en marcha de un órgano de autorregulación por el propio sector de los Asuntos Públicos. El primer estudio se encuentra disponible al completo para su consulta en este enlace.
