Los máximos directivos de las empresas españolas están cada vez más involucrados en la estrategia de Asuntos Públicos, un campo estrechamente vinculado al corazón de los negocios que lideran. Esta fue una de las claves en las que coincidieron los ponentes del Top of Mind de DIRCOMFIDENCIAL, celebrado ayer en la sede de ESADE en Madrid.
«Cada vez más CEO están involucrados en la relación con la Administración Pública. Y es muy buena señal», defendió Javier Ramírez, director de H/Advisors, quien considera que esta evolución supone un salto en el papel estratégico de la profesión.
«Cada vez más CEOs están involucrados en la relación con la Administración Pública. Y es muy buena señal».
En la misma línea, Nacho Rodríguez, director de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de ING, sostuvo que el director de Asuntos Públicos debe participar en las decisiones empresariales desde el inicio de los proyectos. «Nuestro objetivo es estar desde el inicio del proceso y plantear esas preguntas que quizás Negocio no se va a hacer» explico. Como ejemplo, citó la agenda institucional del nuevo CEO de ING, que durante sus primeras semanas mantuvo encuentros con administraciones, organizaciones, instituciones y responsables de otros bancos.
Para convencer a los comités de dirección de la importancia estratégica de los Asuntos Públicos, opina Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo en McDonald’s, es necesario «insistirle en el impacto que genera en el negocio«. La labor de esta área, añade la profesional, no se limita a desarrollar un proyecto concreto o a «luchar contra una regulación», sino en posicionar la empresa como «estratégica para el crecimiento económico del país«. En el caso de McDonald’s, por ejemplo, apuestan por colaboraciones público-privadas con el Ministerio de Agricultura, al trabajar con más de 70.000 proveedores, agricultores y ganaderos.
Cabral considera que «queda mucho por hacer a la hora de explicar internamente el trabajo que hacemos». «Nos falta hablar de negocio en el lenguaje del negocio. Hablamos mucho de la Administración Pública, tenemos interlocución directa con el equipo directivo, pero nos falta mucha formación interna y herramientas para poner en valor el impacto de la regulación en el negocio«.
Desde Damm, el responsable de Comunicación, Asuntos Corporativos y Relaciones Externas, Alejandro San Martín, aporta que es imprescindible «explicar internamente el impacto que tendría cualquier tipo de riesgo o normativa en beneficio o detrimento de la cuenta de resultados«. «Hay que entender el lenguaje del negocio».
«Queda mucho por hacer a la hora de explicar internamente el trabajo que hacemos».
María González Jover, directora de Asuntos Públicos de BlaBlaCar, explicó que su departamento ha dado un giro conceptual, pasando a busca anticipar las necesidades del negocio y no limitarse a reaccionar ante posibles amenazas regulatorias. «Durante años fue muy reactiva, e intentamos ser proactivos«, señaló. La directiva también compartió que los comités de dirección empiezan a reconocer el valor de esta función, especialmente por su capacidad para conectar las necesidades de diferentes departamentos. El resto de ponentes respaldaron que en el sector se ha pasado de la visión reactiva a la proactiva.
La regulación pendiente
La regulación estatal de los grupos de interés ocupó un lugar muy destacado en la jornada, días después de que el Congreso rechazara el Real Decreto. Los participantes coincidieron en la importancia de dotar de mayor transparencia y reconocimiento a una actividad que, pese a su creciente profesionalización, sigue pendiente de un marco normativo estatal.
Carlos Parry, presidente de APRI, señaló que el contexto político dificulta que esta regulación salga adelante, aunque no descarta que pueda aprobarse durante la actual legislatura. «En privado todos los grupos políticos te dicen que están de acuerdo, pero la realidad es que el contexto político no lo permite», lamentó.
A su juicio, una regulación ayudaría a diferenciar la actividad legítima de representación de intereses de prácticas como el cohecho o el tráfico de influencias. «Nos dedicamos a algo tan sencillo que es aportar información para que puedan tomar una decisión informada», recalcó.
«En privado todos los grupos políticos te dicen que están de acuerdo, pero la realidad es que el contexto político no lo permite».
Jordi Rodríguez-Virgili, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, propone retomar el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso, que encaja mejor que la vía del Real Decreto, para una norma que busca promover la transparencia. El académico plantea un texto que recoja exigencias y sanciones proporcionales a las dimensiones de las organizaciones.
En este sentido, Ana Cerezo, responsable de Asuntos Públicos Regulatorios de Iberdrola, defendió los registros de grupos de interés, que plasme los interlocutores y los objetivos de las reuniones, pero advirtió de la necesidad de preservar la confidencialidad de propuestas e informaciones. «Vamos con total transparencia, pero no tienen por qué aparecer publicados datos confidenciales o planes de negocio. Una hiperregulación no favorece».
Antonio García Maldonado, senior Public Affairs & Strategic Advisor de Evercom, incidió en la necesidad de mejorar la percepción social de la profesión y diferenciarla de prácticas ilegales. Según explicó, la autorregulación ha ganado peso, pero todavía falta que los ciudadanos perciban que se trata de una actividad legítima y sometida a reglas.
La IA
Los profesionales de Asuntos Públicos observan la IA como una herramienta oportuna para agilizar tareas, especialmente el seguimiento legislativo y el análisis de información regulatoria. No obstante, los participantes coincidieron en que su aplicación no sustituye el criterio profesional ni el conocimiento del contexto político e institucional.
González Jover, de BlablaCar, destacó que estas herramientas permiten gestionar mejor la información, aunque subrayó que «el factor humano es esencial» para interpretar el contexto político. Rodríguez, de ING, añadió que la automatización permite dedicar más tiempo a tareas de mayor valor añadido, como la interpretación y el contraste de información, pero insistió en que «el criterio humano debe prevalecer siempre«.
Desde Newlink, García Bautista explicó que el sector trabaja para automatizar el seguimiento legislativo y reducir el tiempo dedicado a estas tareas, aunque considera que la IA no podrá sustituir a los profesionales. Cabral, de McDonald’s, defendió que el buen uso de estas herramientas depende de las personas y reivindicó la importancia de la ética.
