Political Intelligence España, agencia de asuntos públicos y Policy Comms decana en nuestro país, publica la segunda entrega de su serie de informes sobre gobernanza en asuntos públicos, “Riesgos y retos de los departamentos de asuntos públicos”: un análisis que identifica los principales factores, retos y riesgos corporativos que impactan en la capacidad de las organizaciones para operar, influir y competir en un entorno cada vez más complejo e incierto.
El análisis, elaborado por el socio y director de Political Intelligence España Daniel Mehrad Fuertes y por el Head of Talent Management Services de la compañía, Pablo Gutiérrez-Jodra, profundiza en los desafíos estructurales que enfrentan las organizaciones como consecuencia de la creciente influencia de factores exógenos, el papel determinante de los gobiernos como stakeholders, y la necesidad imperante de que las organizaciones participen activamente en el ecosistema institucional y regulatorio.
El nuevo informe desgrana los riesgos de la gobernanza de los departamentos públicos y define los diez retos clave a hacer frente para su supervivencia.
Entre otros, se identifican factores como el aumento del rechazo social o la presión reputacional hacia determinadas industrias, la desigualdad en las condiciones de competencia o la creciente fragmentación y complejidad del entorno regulatorio en el que operan las organizaciones.
Esta segunda entrega da continuidad al primer informe publicado por la firma hace unos meses, “Gobernanza de asuntos públicos: generando valor en las organizaciones”, en el que se abordaba el papel de la gobernanza de asuntos públicos como generadora de valor empresarial y se analizaban los distintos tipos de departamentos de asuntos públicos.
El informe subraya que la gobernanza de los asuntos públicos se ha convertido en un componente esencial para la estabilidad, legitimidad y competitividad de las organizaciones. En un entorno marcado por la complejidad regulatoria y la creciente interacción entre el sector público y privado, contar con estructuras sólidas de gobernanza permite a las empresas anticipar riesgos, minimizar amenazas y fortalecer su posicionamiento institucional.
En este sentido, Mehrad subraya que “la profesionalización de la función de los asuntos públicos, bajo principios de buena gobernanza, no es una opción”, sino que “se ha convertido en una condición necesaria para operar con eficacia en el nuevo contrato social que exige mayor transparencia, responsabilidad y coherencia”.
