El Gobierno aprueba la «Tasa Google» que gravará determinados servicios de la publicidad digital
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocida como «Tasa Google».
En concreto, el texto aprobado gravará los servicios digitales de la publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos.
Según el proyecto de ley, los servicios de publicidad en línea son los consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Cuando la entidad que incluya la publicidad no sea propietaria de la interfaz digital, se considerará proveedora del servicio de publicidad a dicha entidad, y no a la entidad propietaria de la interfaz. Afectaría, por tanto, a plataformas como Facebook y Google; y no a las agencias de medios.
“Se grava la publicidad dirigida. No una página web que salga dirigida a El Corte Inglés o Zara. Un servicio de publicidad que haya estudiado los gustos del consumidor. Se refiere a plataformas, no a páginas webs”, ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaa, en su comparecencia después del Consejo de Ministros.
En cuanto a los servicios de intermediación en línea, el texto se refiere a los de puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos. En este caso, entrarían dentro empresas como Airbnb.
Finalmente, con los servicios de transmisión de datos son aquellos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
Para ser contribuyente de este nuevo impuesto -pionero en Europa- el importe neto de la cifra de negocios debe superar los 750 millones de euros y el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto tiene que estar por encima de los 3 millones de euros.
A las empresas que entren dentro de estos supuestos, Hacienda gravará con un 3% cada prestación de servicios digitales que entran dentro del proyecto.
Con esta figura, Celaa ha explicado que se pondrá fin a la «competencia desleal» de grandes empresas, ya que el objetivo es que «paguen allí donde se genera el beneficio».
El Gobierno espera recaudar con la «Tasa Google» un total de 1.200 millones de euros.
La mayoría de asociaciones que representan a las empresas tecnológicas que operan en España se han situado en contra de esta figura impositiva. IAB Spain ha dicho de ella que es susceptible de “dañar la competividad de las empresas españolas y generar situaciones no deseadas de imposición en cascada y doble imposición”. La asociación también cree que el impuesto “debe basarse en acuerdos internacionales amplios”, sea a nivel global o regional, y “no en decisiones nacionales unilaterales”.
