La Unión Europea se arma legalmente para atajar abusos de gigantes tecnológicos de EEUU
Facebook, Alphabet, Apple o Amazon afrontan un futuro escenario más complicado en Europa, con multas en el horizonte si no se adaptan. La Comisión Europea acaba de presentar dos propuestas de ley complementarias que tienen los objetivos básicos de exigir mayor responsabilidad a las plataformas sobre el contenido que acogen y eliminar prácticas que considera anticompetitivas, entre otras cosas.
En el primer caso se trata de la Directiva de Servicios Digitales (DSA), que aportará una actualización legal acorde a la situación actual. Aquellas plataformas con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, cifra que equivale al 10% de su población, tendrán que aplicarse análisis internos de los riesgos que suponen para los ciudadanos bajo los principios de transparencia y responsabilidad. Estas posibles externalidades negativas incluyen la desinformación, productos peligrosos de terceros, el alojamiento de contenido ilegal o en general cualquier uso pernicioso para la sociedad de las posibilidades que ofrecen. Para evaluar todo eso las compañías afectadas deberán ofrecer acceso a datos clave a investigadores independientes, además de explicar cómo funcionan sus algoritmos o dinámicas de recomendación.
Por otro lado, la Directiva de Mercados Digitales (DMA) entra a regular las dinámicas de los actores más importantes para forzar cambios que posibiliten la existencia de competencia real, especialmente en los casos en los que hacen de puerta de entrada para otros negocios. Esta condición de “guardianes de la puerta”, tal y como se describen a esas empresas, será determinada en función de su tamaño, facturación y cuota de mercado. En su presentación, la vicepresidenta para asuntos digitales Margrethe Vestager destacó especialmente que esos gigantes tecnológicos tendrán que cumplir estrictas condiciones en tres aspectos esenciales: uso limitado de los datos que acogen, fomento de la interoperabilidad y restricción de la autopreferencia.
Las multas por no cumplir lo que establecen ambas directivas podrían alcanzar desde el 6% de la facturación anual global en el caso de la DSA hasta el 10% para la DMA. En ambos casos superan el 4% que se estableció para los incumplimientos más graves sobre el Reglamento General de Protección de Datos.
Estas propuestas se han elaborado tras meses de consultas públicas y a las partes implicadas. Ahora queda por delante un proceso largo de conciliación de estas propuestas con el Parlamento, así como con todos los estados miembros de la Unión Europea. En esas negociaciones quedará definido el texto final, que podría cambiar radicalmente el contexto actual.
