Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ex presidentas de la Comunidad de Madrid.

Varias agencias de publicidad, involucradas en el ‘caso Púnica’

| 5 SEPTIEMBRE 2019 | ACTUALIZADO: 8 SEPTIEMBRE 2019 21:55

Varias agencias de publicidad están involucradas en el conocido como ‘caso Púnica’, en el que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid entre los años 2005 y 2010.

Hasta el momento, esta trama se ha saldado con la imputación de los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, así como altos cargos del Gobierno de la región en aquella época y empresarios de diversos sectores.

Entre estos últimos está investigado Javier Monzón, actual presidente de Prisa y ex presidente de INDRA, compañía tecnológica contratista del anterior ejecutivo popular de la Comunidad de Madrid.

También la trama de corrupción ha salpicado a varias agencias de publicidad, como El Laboratorio de Almagro, Equmedia y Over Marketing y a sus respectivas cúpulas directivas.

El magistrado encargado del caso está investigando la presunta financiación ilegal de la que el PP de Madrid se habría valido para pagar gastos electorales con dinero público. Según el auto del juez, las campañas del PP «sobrepasaban, por su fastuosidad, el límite de gasto legal previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)».

La implicación de El Laboratorio en el caso Púnica aflora por su participación en la campaña electoral autonómica del año 2011. Esta agencia española fue elegida por el PP de Madrid para desarrollar la creatividad de la campaña y también la compra de medios.

De acuerdo con el auto judicial, El Laboratorio realizó servicios electorales al PP de Madrid por valor de 1,2 millones de euros, aunque el partido solo declaró ante la Cámara de Cuentas un importe de 137.036,11 euros como gasto electoral en las elecciones autonómicas y 80.038,21 euros en las municipales. El resto hasta la cantidad de 992.754,74 euros fue «abonado subrepticiamente desde la cuenta corriente de funcionamiento del PPCM». Con ello -dice el documento- «eludió la prohibición de superación de los límites de gastos electorales», previstos en la LOREG.

Para el pago de esos más de 990.000 euros, el juez expresa que El Laboratorio se sirvió de un «canal opaco», basado en la intermediación de sociedades de la compañía, que se «harían pasar por proveedores de servicios no electorales del PPCM» con la emisión facturas a la fuerza política «bajo conceptos irreales». Posteriormente, las cantidades cobradas por estas sociedades instrumentales serían transferidas a la cuenta corriente de El Laboratorio.

Esta labor de El Laboratorio para -presuntamente- ayudar a ocultar gastos electorales del PPCM se vio premiada -según el auto- con más contratos publicitarios de la Comunidad de Madrid.

Por estos hechos están investigados (antes, imputados) los dos fundadores de la agencia, María Luisa de Madariaga y Carlos Holemans. Ninguno esta ya en la compañía, pues Madariaga salió en el año 2016 y Holemans lo hizo dos años más tarde (actualmente trabaja en Deloitte).

El Laboratorio de Almagro y Equmedia son dos de las agencias implicadas en la trama de corrupción de la Comunidad de Madrid conocido como ‘caso Púnica’.

En el caso de Equmedia, su implicación viene derivada de su contratación como agencia de medios del Canal de Isabel II en el año 2012, empresa pública encabezada por aquel entonces por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, también imputado en esta trama.

Siguiendo la redacción del auto, esta agencia habría asumido parte de la deuda (55.000 euros) que mantenía la Comunidad de Madrid con la empresa de Alejandro de Pedro, que básicamente se dedicaba a mejorar el posicionamiento web de varios políticos del Partido Popular. De este modo, la CAM se habría valido de una pequeña parte del presupuesto publicitario del Canal de Isabel II (cifrado en 4,2 millones de euros) para sufragar gastos personales de autobombo de cargos del PP de Madrid.

En su caso, están investigados por parte de Equmedia José Luis de Rojas y Celia Caño, presidente y directora general, respectivamente.