El conflicto laboral en Boyacá agrava la crisis de la prensa en papel

| 25 JULIO 2018 | ACTUALIZADO: 26 JULIO 2018 9:11

Los quioscos de Madrid llevan desde el pasado fin de semana sin poder vender la prensa con normalidad, porque la empresa distribuidora -Boyacá- está en pleno conflicto laboral.

Los repartidores de periódicos están en huelga porque sus contratos expiran el próximo 30 de agosto y están en plenas negociaciones con Boyacá para su eventual renovación.

Dada la crisis de la prensa escrita (cada vez se venden menos ejemplares), la compañía pretende reducir la plantilla en más de un 50%: de contratar a 240 personas quiere quedarse en 110. Y los empleados que se mantengan, aplicarles un recorte a sus honorarios del 50%.

Actualmente, los repartidores de Boyacá trabajan para la compañía en régimen de autónomos y tienen una retribución aproximada de 4.300 al mes por 15 días de trabajo, en los que dedican unas 4 horas de servicio. Según los trabajadores, quitando los gastos, su sueldo se quedaría en la mitad de esa cifra. Estos contratos fueron firmados en 2011 y renovados hace cuatro años.

Según Boyacá, estas condiciones económicas «son privilegiadas y fuera de mercado«, ya que vienen de la «concatenación de sucesivos contratos desde hace más de 30 años en algunos casos» y de la «acumulación de prebendas y derechos que al día de la fecha no son acordes al manifiesto declive del sector de la prensa y revistas», que lleva «más de 10 años con caídas de ventas continuadas».

De hecho, las condiciones del mercado ya han provocado varios despidos en Boyacá en el pasado (han salido 450 personas en los últimos 5 años) y la entrada en concurso de acreedores de algunas de sus sociedades.

Empleo de violencia

También según la empresa, el pasado fin de semana los transportistas de la Comunidad de Madrid dejaron de prestar el servicio de reparto, «reteniendo la mercancía que se les había entregado», e «impidiendo de manera violenta, y con amenazas y coacciones», que con otros medios se realizase la distribución de ejemplares.

Incluso, los repartidores llegaron a «tomar por la fuerza las instalaciones de la empresa impidiendo el funcionamiento ordinario de la misma, reteniendo primero y destrozando después toda la prensa y revistas que habían sido puestas a su disposición para el reparto». También bloquearon los medios alternativos organizados por la empresa y amenazaron a algunos quiosqueros a los que sí les llegó la mercancía, siempre según el relato de la empresa.

Ante estos hechos, Boyacá decidió denunciarlos al Juzgado de Guardia, que dictó el desalojo de las instalaciones de la empresa, para lo que hizo falta la presencia de antidisturbios.

Por su parte, la Asociación de Medios de Información (AMI) «condena de forma enérgica la violencia ejercida» por los repartidores de prensa para impedir la distribución a los puntos de venta y «lamenta el grave perjuicio que genera tanto al sector como a la sociedad civil».

«Resulta inaceptable -continúa la AMI- que, ante el inminente vencimiento de los contratos vigentes, los transportistas pretendan imponer por la fuerza, la amenaza, la intimidación y medios ajenos al estado de derecho un nuevo contrato en condiciones privilegiadas».

En cualquier caso, este conflicto laboral agrava la crisis de los periódicos en papel en su principal plaza de venta, que es Madrid. En los últimos diez años, las principales cabeceras han reducido a más de la mitad su difusión. Si El País difundía una media diaria de 435.000 ejemplares al día en 2007, diez años más tarde la cifra apenas sobrepasaba los 175.000. Igualmente, El Mundo ha pasado de 336.000 a 105.000; o ABC, de 228.000 a 97.000.