José María Marín Quemada, presidente de CNMC.

El duopolio gana enteros para un propósito de enmienda en el expediente de la CNMC

| 29 MARZO 2019 | ACTUALIZADO: 31 MARZO 2021 14:28

La investigación a Mediaset y Atresmedia por posibles prácticas restrictivas en el mercado publicitario de la televisión entra en la recta final. Trece meses después de abrir el expediente por oficio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confía en emitir un fallo antes de verano, aunque los 18 meses que establece la legislación para resolver el proceso le dan de plazo hasta agosto.

Tal y como han ido informando diversos medios, Competencia pudo confirmar tras la fase de instrucción la sospecha de prácticas prohibidas por la legislación, como la exigencia a agencias y anunciantes de cuotas de inversión en sus respectivas televisiones.

De esta forma, los argumentos y pruebas recogidos en el «pliego de concreción de hechos’ se consideran suficientes como para imponer una sanción histórica a los dos principales grupos televisivos de nuestro país. La multa máxima sería el 10% de la facturación del último año, es decir, alrededor de 100 millones de euros para cada cadena.

Ambas compañías se han cuidado de encargar su defensa a una de las firmas más reputadas en el área mercantil para tratar de salir con todas las plumas posibles del proceso. De hecho, en las últimas semanas la opción de un propósito de enmienda ha ganado enteros.

Es aquí donde se encuadra el procedimiento de terminación convencional, figura que les permitiría evitar la temida sanción a cambio de poner fin a las prácticas cuestionadas. Su posible aplicación mantiene dividido al consejo del organismo que preside José María Marín Quemada, entre los que se muestran a favor de aceptar el procedimiento y poner fin a esta práctica corrosiva y quienes defienden un fallo ejemplarizante, según publicó El Español.

La posible aplicación de un procedimiento de terminación convencional mantiene dividido al consejo de Competencia.

Mientras tanto, Mediaset y Atresmedia han rechazado en todo momento que las acusaciones que pesan sobre ellos inclumplan la normativa, llegando a declarar en sus alegaciones que eran prácticas comerciales habituales en el mercado televisivo. De hecho, en sus informes de cuentas correspondientes a 2018 se muestran confiados de una resolución a favor.

Por un lado, la editora de Antena 3 manifiesta que, si bien han quedado acreditadas las prácticas sospechadas, tanto los responsables de la empresa como los asesores legales “consideran que el citado pliego no está debidamente fundado y confían en un resultado favorable para Atresmedia”. Y, aun en el caso de producirse una resolución sancionadora, se recurriría la vía judicial por medio de recursos ante los tribunales.

Por su parte. Mediaset también confía en que el expediente se cierre de forma favorable. O así al menos lo espera si, como destaca en su memoria anual, «parte de una serie de premisas y se realizan ciertas imputaciones que carecen de toda base fáctica y jurídica»; como así lo puso de manifiesto en el escrito de alegaciones presentado con fecha 6 de febrero de 2019.