El Gobierno crea una unidad de control para perseguir la desinformación

El Gobierno lleva su lucha contra las fake news al plano político. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 5 de noviembre ha publicado un «procedimiento de actuación contra la desinformación», aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y que, entre varios niveles de actuación, contempla examinar «la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señala en el escrito que acompaña la orden la intención del Ejecutivo de combatir la desinformación con el propósito de «incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos»; y «fortalecer la libertad de expresión», abogando por examinar el pluralismo de los medios, lo que incluye analizar «los medios que se utilizan para interferir en los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con el covid-19».

El plan para «atajar la desinformación» encuentra justificación en una «infodemia sin precedentes» y toma como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018. La polémica surge porque será el propio Ejecutivo, y no otro departamento ni unidad especializado, el responsable de liderar esta comisión. En concreto, designará autoridades competentes la Secretaria de Estado de Comunicación, la presidencia del Gobierno (DSN), el Centro Nacional de Inteligencia, los Gabinetes de comunicación de los Ministerios, y otros organismos relevantes.

No obstante, indica que podrá solicitar la colaboración del sector privado: medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, las ONG y «aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante».

«Las acciones y procesos recogidos en este procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido», apunta el Gobierno, que podrá realizar campañas para contrarrestar bulos.

Para ello establece cuatro niveles de actuación. En el primero se monitorizará, vigilará para realizar una alerta temprana a modo de primer análisis. Se rastreará el origen y propósito de la información y el modo de proceder. El siguiente nivel consistirá en el seguimiento y evaluación de la alerta por parte de la Comisión Permanente, así como la definición de las propuestas de actuación.

En el nivel tres contempla la gestión político-estratégica por parte de la Secretaria de Estado de Comunicación; y en el cuarto, la coordinación de una respuesta política a manos del Consejo de Seguridad Nacional «en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado».