La contratación de personal temporal en Radiotelevisión Española (RTVE) será examinada por el Tribunal Supremo. Según ha podido saber DIRCOMFIDENCIAL, el Alto Tribunal revisará la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que desestima la demanda de conflicto colectivo presentada por el sindicato CGT.
La demanda, a la que se adhirieron CCOO y USO, sostenía que desde diciembre de 2024 la corporación pública habiá contratado para puestos temporales a personas que habían suspendido las pruebas teóricas de acceso en la convocatoria de 2022, al tiempo que dejaba fuera a aspirantes que sí habían aprobado o habían accedido al banco de datos tras superar procesos selectivos. A juicio del sindicato, esta práctica vulneraba artículos del convenio colectivo, y principios de igualdad, mérito y capacidad, contemplados en la Constitución y el Estatuto del Empleado Público.
El sindicato considera que la sentencia de la Audiencia Nacional es incompleta, al no pronunciarse sobre otros puntos clave de la demanda.
La Audiencia Nacional argumenta que no había quedado acreditado el incumplimiento del convenio colectivo —algunas pruebas se presentaron fuera de plazo— y concluyó que la mera superación de una prueba teórica no equivale a haber superado el proceso selectivo completo sin plaza —supuesto al que el convenio sí otorga preferencia—.
En su recurso ante el Supremo, CGT sostiene que la sentencia es incompleta, al no pronunciarse sobre otros puntos de la demanda, como la alegada vulneración de la Consittución y el Estatuto del Empleado Público, y considera que los hechos sí podían acreditarse igualmente mediante pruebas testificales.
Según su versión, estaban previstas seis declaraciones ante el juez, pero el tribunal limitó la práctica a una sola testigo y a una única pregunta, lo que redujo su capacidad probatoria.
Además, CGT subraya que dos días después del juicio, el 20 de noviembre, se publicó una modificación del convenio colectivo que, a su juicio, “legaliza” la práctica discutida. El sindicato interpreta ese cambio como un indicio de que la regulación anterior no amparaba las contrataciones realizadas y no descarta promover un nuevo conflicto colectivo frente a la reforma.
