La prensa catalana activa las alarmas por el bloqueo de subvenciones: la viabilidad de varios editores, en el aire
Con la aplicación del artículo 155, el Gobierno de Mariano Rajoy ha atado en corto a los medios de comunicación catalanes afines a la causa secesionista. Hace unos días ordenó congelar 7,3 millones de euros que la Generalitat había aprobado para destinar a subvenciones. Según ha informado Crónica Global, este bloqueo ha hecho saltar las alarmas en el seno de varias empresas editoras.
Las asociaciones de la APPEC, Premsa Comarcal y AMIC, que aglutinan en su conjunto a 657 medios de comunicación catalanes y más de 5.000 empleados, han elevado una carta a la consejería de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, en la que hacen constar su «inquietud por la no resolución de las convocatorias de subvención de 2017». Nin, vinculado al PDeCAT, tendría la última palabra en la activación de estas ayudas de acuerdo con la información del digital que dirige Xavier Salvador.
En el escrito, las asociaciones representantes de una buena parte de la prensa independentista reclaman que estas ayudas «son fundamentales» para la viabilidad de muchos medios. Incluso van un poco más allá y aseguran que la prolongación de esta medida de congelación «puede tener importantes consecuencias por lo que respecta al pluralismo informativo y el equilibrio territorial».
Efectivamente, hay medios que requieren este tipo de ayudas, ora vía subvenciones ora publicidad institucional, para sobrevivir. Como Hermes Comunicació, editora de El Punt Avui, que recibió una inyección de 3,1 millones de euros en publicidad y otra de 620.529 euros en subvenciones durante el 2016. En total, los 3,7 millones de dinero público representan más de una tercera parte de los 8,9 millones que ingresó ese año.
Las asociaciones representantes de la prensa independentista aseguran que la prolongación de esta congelación «puede tener importantes consecuencias por lo que respecta al pluralismo informativo»
La necesidad de mantener abierto el grifo de las ayudas lo demuestra el hecho de que la matriz de El Punt Avui haya anunciando recientemente la salida de 80 trabajadores en su plantilla. En su argumentación, la compañía editora aludía a las consecuencias derivadas de la aplicación del artículo 155 y al recorte del dinero público.
En una situación parecida se encontraría el diario Ara, que pese a mejorar sus resultados económicos se dejó 554.000 euros en 2016. La magnitud de estos números rojos ha alcanzado los 10 millones de euros en la última década. Ello pese a que facturó anuncios instituciones por valor de 1,4 millones de euros -aunque en su informe señalaba el impago de algunas facturas- e ingresó 561.000 euros en concepto de subvenciones, casi 10.000 más que en 2015.
Así las cosas, si el bloqueo de subvenciones afecta de lleno a los editores medianos, que tienen una relativa capacidad para negociar los plazos de pagos, en el caso de los pequeños podría provocar auténticos estragos.
Para colmo, todo esto sucede en plena campaña electoral por el 21-D y con Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, en el punto de mira de la Guardia Civil por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Se le acusa de haber autorizado el gasto de 502.639 euros en publicidad del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, la misma que se ordenó retirar.
