El Gobierno británico acaba de abrir a consulta pública un documento titulado Watch this Space en el que hace algunas propuestas para que los medios nacionales puedan afrontar mejor el desplazamiento de consumo hacia plataformas de vídeo bajo demanda o las redes sociales. Entre ellos, la posibilidad de hacer obligatorio que esos entornos ofrezcan más visibilidad a publicaciones de servicio público o información de marcas consideradas fiables.
Esas y otras medidas pretenden adaptar el ecosistema mediático a la realidad de que su relevancia va a menos por su protagonismo más reducido en espacios en los que compiten con contenido generado por usuarios o producciones extranjeras. En concreto el documento refleja los riesgos para el ramillete de medios públicos, cuya sostenibilidad económica se ve cada vez más comprometida por ese cambio de hábitos.
La principal protagonista de esa tendencia a peor es BBC, cuya división de noticias se llevará la peor parte de un plan de ahorro de 600 millones de libras. La radiotelevisión pública acumula ajustes de todo tipo en los últimos años como consecuencia de un canon congelado durante años, así como la reducción paulatina de los hogares que lo pagan. Sus dificultades son análogas a las que sufren ITV, STV, Channel 4, Channel 5 o S4C, también medios públicos con futuro incierto.
El debate abierto sobre cómo financiar estas estructuras se solapará por tanto con el que ahora sugiere el Gobierno a través de Watch this Space hasta el 31 de agosto. La tesis es que sus contenidos deberían estar sujetos a acceso garantizado y protegido independientemente del soporte en el que el usuario esté invirtiendo su tiempo. Y para ello apela a los acuerdos voluntarios entre partes en primer término, pero no descarta la vía legislativa si no fueran suficientes.
Además, el Ejecutivo pone sobre la mesa la posibilidad de que esos entornos tengan la obligación legal de hacer más visibles y fáciles de encontrar la información generada por medios fiables. Esto último podría incluir a cabeceras privadas que alcancen esa consideración, cuyos límites o requisitos no se sugieren en el documento.Y tampoco se profundiza en él sobre posibles fricciones que esa medida podría causar en la pluralidad o la libertad editorial.
El Gobierno abre a consulta pública un documento con propuestas que ya cuentan con el rechazo de YouTube por su posible efecto sobre la economía de los creadores.
Por otro lado, se plantea la necesidad de revisar la regulación televisiva, en la medida en que las emisoras tradicionales están sometidas a normas de imparcialidad, protección de menores y estándares editoriales que no afectan de igual modo a plataformas de vídeo que están arrastrando a su audiencia. El Gobierno recuerda al respecto que en 2024 estas últimas representaban el 74% del tiempo de vídeo de jóvenes de 16 a 24 años, y el 69% de los de 25 a 34.
Entre ellas el actor clave es YouTube, que entre otras cosas ya es el servicio televisivo más visto por niños británicos de 4 a 15 años, con un 28% del total de su consumo. La plataforma de Google se opone frontalmente a las propuestas del documento por considerar que esas reglas distorsionarían la elección del usuario y perjudicarían a los creadores independientes, cuya economía podría resentirse de forma significativa.
