El lobby está en el centro de la polémica del debate público en los últimos meses. El último caso que ha embarrado el sector es la imputación de Cristóbal Montoro y de gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda durante la época de José María Aznar como presidente del Gobierno. Acusan al despacho Equipo Económico -vinculado a Montoro– de favorecer los intereses de sus clientes mediante cambios normativos.
Con estos escándalos, la imagen del lobby se resiente porque es frecuente asociarla con la corrupción. Pero la realidad es que una y otra no tienen nada que ver.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) emitió un comunicado la semana pasada en la que aclaraba una vez más que el lobby «es una actividad profesional legítima, necesaria y plenamente reconocida en los sistemas democráticos avanzados, que consiste en la interlocución de la sociedad civil con los poderes públicos».
Sostienen asimismo desde APRI que «el lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales. Todo esto constituye un delito y está tipificado así en el código penal. Tampoco es una práctica oscura, reservada a élites o intereses opacos. Confundir lobby con malas prácticas o escándalos políticos distorsiona el debate público, criminaliza una actividad legítima y perjudica el ejercicio responsable de un derecho esencial en el sistema democrático».
Desconocimiento sobre la profesión
En APRI son autocríticos y reconocen que hay un desconocimiento generalizado en la sociedad sobre la profesión del lobby y de los Asuntos Públicos. Ello provoca que con frecuencia vayan unidos lobby y corrupción cuando salta un escándalo en los medios de comunicación. «Esto no pasaría si antes nosotros hubiéramos hecho los deberes para explicar qué es lo que hacemos«, asumen fuentes de APRI en declaraciones a este medio.
En este contexto, APRI tiene previsto reforzar la visibilidad de la profesión y el año que viene lo hará con un gran evento sobre Asuntos Públicos.
A falta de confirmación oficial, todo apunta a que en 2026 la Asamblea General de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE) -de la que APRI es socia- se celebrará en España. Este año ha sido en Roma (Italia), en el mes de mayo.
Todo apunta a que Madrid acogerá la la Asamblea General de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (PACE) en 2026.
Coincidiendo con este evento, en APRI pretenden organizar en paralelo su primer gran congreso sobre el lobby, que contará con profesionales del ámbito de la empresa, instituciones, poder político, consultoras…
Y, además, un tercer impacto sería la celebración de la primera edición de los premios de APRI, con los que en la asociación quiere reconocer las buenas prácticas en el sector.
Estos tres eventos coincidirán en el tiempo a mediados del año que viene, con la idea de ofrecer una gran visibilidad al sector del lobby.
Regulación estancada
Uno de los puntos que sin duda se tratará en esas jornadas será la falta de regulación que existe en España sobre el sector, y que sus profesionales llevan demandando mucho tiempo. La ausencia de una ley específica es uno de los factores que precisamente lastran la imagen del lobby en España.
El Gobierno aprobó en enero en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley que regula la actividad de los grupos de interés. Normativa que obliga a los lobbies a inscribirse en un Registro Central de Grupos de Interés, entre otros puntos.
Sin embargo, su tramitación legislativa se encuentra actualmente paralizada. Las fuentes consultadas por DIRCOMFIDENCIAL indican que podría reactivarse una vez se apruebe la Ley de Función Pública. En teoría, la regulación del lobby sí contaría con el consenso político para su aprobación.
