El lobby está en el centro de la diana de la polémica debido a los presuntos casos de corrupción que están saltando a la palestra en nuestro país.
El último es el caso Montoro, en el que presuntamente el despacho Equipo Económico -vinculado al ministro de Hacienda en la época de José María Aznar como presidente del Gobierno, Cristóbal Montoro– favorecía los intereses de sus clientes mediante cambios normativos.
Este caso ha provocado nuevamente que la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) se vea obligada a aclarar que el lobby «no es corrupción», al tiempo que insiste en pedir una legislación que regule esta práctica profesional.
En un comunicado, APRI recuerda que «el lobby es una actividad profesional legítima, necesaria y plenamente reconocida en los sistemas democráticos avanzados, que consiste en la interlocución de la sociedad civil con los poderes públicos».
Sostiene asimismo que «el lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales. Todo esto constituye un delito y está tipificado así en el código penal. Tampoco es una práctica oscura, reservada a élites o intereses opacos. Confundir lobby con malas prácticas o escándalos políticos distorsiona el debate público, criminaliza una actividad legítima y perjudica el ejercicio responsable de un derecho esencial en el sistema democrático».
La entidad que representa a profesionales de los Asuntos Públicos reitera que «el desarrollo adecuado y transparente de esta actividad —que contribuye de forma directa a mejorar la calidad de las políticas públicas y el proceso de toma de decisiones— requiere que se deje de generalizar y se dote de un marco normativo claro y exigente para todas las partes implicadas: tanto para los poderes públicos como el grupo de interés o lobby que pretende hacerle llegar al Gobierno o parlamentario sus propuestas».
APRI emite un comunicado ante los presuntos casos de corrupción conocidos durante las últimas semanas.
Mantienen desde APRI que «España sigue sin avanzar hacia una regulación clara, perpetuando una situación anómala que solo alimenta la opacidad, la desconfianza y el descrédito, tanto entre instituciones, medios de comunicación o incluso la sociedad civil».
En concreto, desde APRI solicitan:
- Un registro obligatorio y gratuito de lobistas.
- La publicación de las agendas de los cargos públicos.
- Un sistema que permita hacer seguimiento de la huella normativa permitiendo conocer quién influye y en qué.
- Una oficina independiente al Gobierno que regule y evalúe los conflictos de interés.
- Y un régimen sancionador para quienes vulneren los principios éticos que deben regir esta actividad.
Aclaran que llevan 17 años pidiendo esta regulación. Sin embargo, la situación actual es de parálisis en esta cuestión. Hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó en el Congreso su compromiso a aprobar una Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés.
Lo hizo un mes después de que la Cámara debatiera la proposición de Reforma del Reglamento para regular la relación de los lobbies con los parlamentarios, y a la espera de que se apruebe la ansiada ley de lobbies, después de que el Gobierno diera luz verde a su anteproyecto de ley a principios de año.
