Así recogen los programas electorales la regulación de los lobbies
La regulación de los lobbies retrocede a la casilla de salida, después de la convocatoria de elecciones anticipadas que tumbó el anteproyecto de ley que lo contemplaba.
A pesar de la paralización de esta regulación, un paso reclamado durante años por los profesionales del sector —representados por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)—, esta demanda empieza a contar con compromisos fehacientes por parte de partidos políticos, que han decidido incluir ese punto en sus programas electorales.
El PSOE enmarca esta materia dentro de la promesa de reformar del Reglamento del Congreso de los Diputados y el Senado y los mecanismos internos de la Administración General del Estado. El partido que lidera Pedro Sánchez se compromete a «asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones con los grupos de interés y la incorporación de sistemas de huella legislativa para que la sociedad pueda conocer la influencia de cada entidad en las iniciativas normativas».
El PP de Alberto Núñez Feijóo también recoge este punto empleando términos similares. «Se procederá a una regulación de los lobbies y huella legislativa, es decir, una ficha pública para cada producto o proposición de ley en la que se señale quién intermedió o negoció durante el proceso, quién enmendó y quién votó dejando constancia real de los procesos de influencia sobre cada texto legislativo», se puede leer.
Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, recoge la regulación en el bloque Unas instituciones europeas transparentes al servicio de la ciudadanía. Este partido se compromete a «promover la regulación de los grupos de interés, limitando su influencia y estableciendo la difusión pública obligatoria de sus actividades«.
VOX, la fuerza política encabezada por Santiago Abascal, ha optado por no incluir este asunto en su programa electoral.
Las regiones toman la delantera
Los profesionales del lobby lamentan que España, a diferencia de otros países, todavía no haya regulado este asunto que contribuiría, según defienden, a mejorar la transparencia y la calidad democrática.
Algunas comunidades autónomas van más avanzadas en esta cuestión. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha ya tienen en vigor una normativa que obliga a los lobbies a inscribirse en un Registro de Transparencia, al igual que el Ayuntamiento de Madrid, único municipio con esta regulación.
