Google y Facebook afrontan el cerco regulatorio en España sin responsable de asuntos públicos
Europa es un territorio cada vez más restrictivo para las compañías tecnológicas. A nivel comunitario, Bruselas trabaja en una listado para limitar el poder de grandes plataformas como Google y Facebook en el mercado digital. Al mismo tiempo, en España ha arrancado la cuenta atrás para la entrada en vigor de las nuevas leyes de creación de los impuestos sobre determinados servicios digitales, la llamada Tasa Google, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de octubre).
Este endurecimiento regulatorio coincide con la ausencia de un responsable de Asuntos Públicos tanto en Google como en Facebook justo cuando se presentan más retos por delante. El primero acusó la pérdida de Francisco Ruiz Antón a principios de junio y la persona encargada de tomarle el relevo temporalmente, Antonio Vargas, fichó por Amazon hace unas semanas.
Recientemente Facebook también se ha quedado sin Natalia Basterrechea. La que fuera su directora de Asuntos Públicos durante los últimos nueve años acaba de ser nombrada responsable de External Affairs en British American Tobacco (BAT) Iberia. Su marcha, prevista desde hacía tiempo, propició la puesta en marcha de un proceso de selección por parte de la tecnológica hace unos meses, sin que de momento hayan dado con la persona adecuada para ocupar este puesto de relevancia.
Algo similar sucede en Google, que lleva semanas sondeando el mercado en busca de un jefe de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales. Al igual que la compañía de Mark Zuckerberg, busca principalmente un perfil directivo buen con expertise en la interlocución con representantes políticos de nuestro país y contactos en Bruselas. Según la oferta laboral difundida, la persona elegida deberá ser capaz de impulsar políticas regulatorias favorables y mejorar la reputación de Google en España.
Ambas compañías continúan adelante con sus búsqueda a falta de tres meses para la aplicación de la Tasa Google, que gravará el 3% de los ingresos generados por determinados servicios digitales de compañías con ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España. Reto al que podría sumarse en el medio plazo la Ley de Telecomunicaciones, que obligaría a las tecnológicas a abonar la misma tasa que pagan operadores como Movistar o Vodafone.
La ausencia de estas figuras en nuestro país contrasta con la inversión de recursos que vienen haciendo las grandes plataformas para hacer valer sus intereses en la Unión Europea. Sin ir más lejos, Facebook es de las empresas que más encuentros mantiene con comisarios y funcionarios europeos y con unos fondos crecientes. Como ya publicó este medio, durante 2019 invirtió entre 4,2 y 4,5 millones de euros para tratar de influir en políticas comunitarias sobre Internet, un millón más que el año anterior. Además, cuenta con un equipo compuesto por 20 lobistas para estas tareas de presión.
No obstante, Google es la que dinero invierte en la sufragación del lobby. Su factura ascendió a 8 millones de euros en 2018 para una actividad en la que dispone a quince personas.
