La mayoría de los dircoms en España asume funciones de Asuntos Públicos

El creciente sector de los Public Affairs va certificando su asentamiento en la sociedad y las organizaciones. Los directivos en España ya han interiorizado la importancia de la regulación y su impacto en la cuenta de resultados en las empresas, y progresivamente se van alejando de la tradicional idea de que las relaciones institucionales consisten en meras relaciones públicas, para abrir paso a una disciplina que empieza a tener presencia en los comités de dirección.

La mayoría de grandes empresas ya cuentan con un responsable que ejerce estas funciones. Según la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM, el 60% de sus más de 1.000 asociados ya asumen competencias en este terreno. Un enraizamiento que no sorprende a los expertos que defienden que Comunicación y Asuntos Públicos son dos caras de una misma moneda.

El vínculo entre ambos campos fue uno de los temas abordados el pasado viernes en el Public Affairs Forum, evento organizado por NITID que reunió a más de un centenar de profesionales. Su presidente, Daniel Ureña, defendió que en los Public Affairs “la comunicación es esencial” y que sus profesionales “tenemos que ser capaces de conocer y controlar el contexto de la conversación en torno a un tema”. Una idea suscrita por el presidente de DIRCOM, Miguel López-Quesada que añadió que estos responsables deben ejercer “competencias analísticas, relacionales, saber cómo conectar con la audiencia y discursiva, aportando coherencia a tu discurso”.

A pesar de que en España sigue sin haber una ley de lobbies que regule las actividades de los grupos de interés para garantizar su transparencia, los representantes políticos ya han empezado a normalizar las relaciones con lobistas llamados a poseer una notable anticipación, una extensa red de contactos o buena inteligencia.

“Cada vez hay más consciencia de esta actividad en los políticos. Hace años un diputado iba a una fábrica y no quería que se enterara nadie, mientras que ahora lo publican en sus redes sociales porque han entendido que estar en contacto con organizaciones es la mejor manera de conocer mejor la realidad sobre la que tienen que legislar”, asegura Ureña.

López-Quesada lamenta que todavía queden asignaturas pendientes en este sentido. “Es impresentable que algunos grupos políticos digan públicamente que no se reúnen con lobbies. Otra cosa es que no sean empresas, pero las ONGS, sindicatos, una comunidad de vecinos también lo son”.

La información es la materia prima con la que trabajan tanto los periodistas como los lobistas. Ambos profesionales están llamados a estrechar lazos y, más aún, en Bruselas, de donde emana la mayor parte de la legislación española. En concreto, más del 57% de las leyes aprobadas en 2022 en nuestro país deriva directamente de directivas y otras decisiones tomadas en la UE, aunque otras fuentes incrementan este porcentaje a cerca del 80%.

Los corresponsables en Bruselas tienden la mano a los lobistas para fortalecer un vínculo.

Los corresponsables en Bruselas, transmisores de contextos complejos en el que confluyen múltiples intereses, coincidieron en el evento de NITID en la dificultad de comunicar al público general los asuntos que dominan la actualidad europea.

La corresponsal de EFE en Bruselas, Catalina Guerrero, opina que la información sobre Bruselas “es muy compleja, difícil de entender y de seguir, que requiere mucha especialización y hacer pedagogía”. Por su parte, la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero, recuerda que los periodistas “somos la llave que abre puertas en ese bunker inaccesible” y que el vínculo entre la UE y el ciudadano es a través de ellos. “No hay una relación en Bruselas de tú a tú con el votante”, señala.

El periodista de Bloomberg en Bruselas, Jorge Valero, añadió que “no somos totalmente conscientes de la importancia de Europa en nuestras vidas”, y considera que 2008, a raíz de la crisis financiera, significó un punto de inflexión en esta percepción ciudadana.

Los profesionales de los Asuntos Públicos defendieron que estar en Bruselas no es una opción sino una obligación ya que, en ocasiones, cuando la legislación europea llega a España ya no se puede modificar.