Los auditores de la UE detectan “lagunas” en los mecanismos de transparencia de los lobbies
Bruselas, el corazón de la política europea, sigue sin dar la tecla para garantizar la transparencia en la actividad de los lobbies. El Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido recientemente un informe en el que justifica las “lagunas e insuficiencias” que, a su juicio, repercuten negativamente en la transparencia de las actividades que realizan los grupos de presión.
En la Unión Europea, a diferencia de varios de sus estados miembros, la actividad del lobby no está amparada por una ley, sino por un acuerdo entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo aprobado en 2021, para fijar criterios en el registro de grupos de interés.
Tres años después de su aprobación, los auditores de la UE certifican carencias en este modelo. “Constatamos que las medidas de ejecución para garantizar que los grupos de presión cumplan con los requisitos de inscripción e información eran limitadas”, señalan.
El Tribunal de Cuentas recuerda que este acuerdo “no es un acto legislativo”, por lo que no pueden imponerse sanciones a los lobbies. La única medida aplicada a posibles infractores es su cancelación del registro. De hecho, entre 2019 y 2022 fueron eliminados casi 1.000 grupos.
Los más de 12.500 grupos de interés registrados están llamados a notificar las reuniones que mantienen con responsables políticos. Un acuerdo que contiene otros dos puntos considerados deficientes por los especialistas.
Los auditores recomiendan especificar las acciones que deben enmarcarse bajo el término “reunión” y ampliar el listado de responsables políticos.
Los auditores lamentan, en primer lugar, que el acuerdo no especifique qué acciones pueden enmarcarse como “reunión”, limitándose únicamente a los encuentros presenciales agendados con un plazo de antelación. Este criterio deja en el aire otro tipo de acciones como llamadas telefónicas o encuentros esporádicos.
Además, están sujetos a este deber de notificación los grupos de interés que mantengan encuentros con responsables políticos de alto nivel de la Secretaría General de Consejo y de la Comisión, sin incluir otros miembros y personal que igualmente pueden influir —directa o indirectamente— en la agenda política de la UE.
Por ello, los especialistas recomiendan, bien mediante una revisión del acuerdo o decisiones de ejecución, especificar el alcance del término «reunión» y ampliar las categorías de responsables políticos que deben figurar en el registro. Los expertos también aconsejan que la Secretaría del Registro aplique mayores controles periódicos o mejoras en la página web.
En camino hacia la regulación en España, estancado
La regulación de la actividad del lobby sigue siendo una asignatura pendiente en España, a pesar de que varias administraciones regionales —Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha— y locales —Madrid y Barcelona— ya cuentan con una. También le llevan la delantera numerosos países de la UE, con Irlanda, Austria o Alemania, entre los casos más ejemplares.
Tras muchos años de reuniones y reivindicaciones, el sector del lobby se mostró esperanzado hace justo un año, al comprobar los avances legislativos después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto de Ley. Sin embargo, el texto decayó después de que el Gobierno anunciara la convocatoria de elecciones anticipada.
Profesionales de las relaciones institucionales mantienen su férrea apuesta por esta regulación a nivel nacional, aunque algunas voces del sector señalan que ese camino hoy está «estancado» ante «la inacción» de representantes políticos.
