Miguel Ferre (Kreab): «Los lobby son una palanca para que la legislación pueda mejorar»

¿En qué consiste la función de los Asuntos Públicos? ¿Qué labores desempeña una firma especializada? ¿Cómo afecta la regulación al desarrollo de esta práctica? Estas son algunas de las cuestiones a las que trató de dar respuesta el último programa del Foro de la Comunicación.

Con el objetivo de despejar dudas y mitos en torno al ejercicio de esta disciplina, los microfonos de DIRCOMFIDENCIAL reunieron en su tertulia a Miguel Ferre, Senior Partner de Kreab España y responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles, Research y Sustainability & Economics de la firma; y María Díaz, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Esade.

Ferre, que antes de asesorar en la materia trabajó en la función pública, comenzó su intervención explicando que el profesional de Asuntos Públicos, sea en una firma de servicios o directamente en una empresa, lo que hace es gestionar riesgos regulatorios. «Es evidente que una determinada orientación política en un momento dado puede llevar a unas consecuencias en la regulación de determinadas actividades económicas. Eso entraña determinados riesgos para algunas empresas y lo que se hace es ayudar a gestionarlos defendiendo sus intereses, que son perfectamente legítimos».

Asunto diferente es la postura que decida adoptar el legislador tras ese trabajo de concienciación. Una tarea que siempre ha existido, especialmente fuera de nuestras fronteras, pero que vive un momento de auge en España. «Lo que está ocurriendo es que se está normalizando lo que ya pasa en otras jurisdicciones, tanto en el modelo anglosajón como en Bruselas, donde esta materia de la defensa de los intereses está perfectamente regulada, estandarizada y normalizada», apuntó Ferrer.

Respecto a la regulación de esta disciplina, asunto que se encuentra en una fase muy temprana en España, Díaz expuso que debe abordarse desde la perspectiva de regular la profesión del lobby para que «haya una transparencia que genere confianza y que la palabra influencia deje de percibirse como algo negativo, porque es una influencia positiva en el sentido de trasladar conocimiento». Principalmente porque, en su opinión, todas las iniciativas de control se plantean desde un enfoque relacionado con la anticorrupción.

Visión compartida por Ferrer, para quien «los lobby son, de facto, una palanca para que la legislación pueda mejorar». Y aludió en este punto a su experiencia como alto cargo del sector público, cuando «venían grupos de interés a contarme su visión sobre un determinado problema que me permitió enriquecer las propuesta de Hacienda».

Este punto de vista contrasta con el planteado por el Gobierno, que ha puesto en marcha un proceso de consulta pública antes de la audiencia previa, simplemente para tomar el pulso de la opinión pública en relación a este anteproyecto de ley. «Tomo la idea de alejar esa visión de corrupción ya que el título que se ha puesto es anteproyecto de ley para regular o incorporar la transparencia e integración de los grupos de interés», lo que en su opinión supone un prejuicio de la labor.

María Díaz cree que la regulación de los lobby tiene que abordarse para que «haya una transparencia que genere confianza y que la palabra influencia deje de percibirse como algo negativo».

Otro de los aspectos clave en el ejercicio de los Asuntos Públicos es la relación con los stakeholders o grupos de interés, que evolucionan constantemente y son muy diversos. «Cuando tienes un tema tienes que ver quiénes son, porque puede ser la sociedad civil, los medios de comunicación, otras empresas, patronales, etc», según expuso Díaz. Una vez identificados, o mapeados como se dice en el sector, «te acercas a ellos con la transparencia de estar actuando de forma profesional y les planteas tu iniciativa para, si se unen o no, diseñar una estrategia en conjunto».

Un plan de acción que pueden requerir organizaciones de todo tipo, desde empresas que están que están cotizando en Bolsa a multinacionales con presencia en España, «que tienen que entender y ver oportunidades y riesgos de lo que la regulación puede generarles en un mercado», concluyó Ferre. Todo, apuntó, con el objetivo de sortear los obstáculos regulatorios que impidan un desarrollo de su negocio.