La última crisis en la frontera de Ceuta ha vuelto a demostrar que el control de la información puede ser tan importante como el control del territorio. Y de esto hace mucho que sabemos en España los que nos dedicamos al mundo de la comunicación y el periodismo.

No estamos ante un fenómeno nuevo. Marruecos lleva décadas desarrollando una política de influencia que combina diplomacia, presión migratoria, relaciones económicas, contactos políticos y acción mediática intensa. La crisis económica de la prensa española ha ofrecido un caldo de cultivo idóneo para esta estrategia.

Y sabemos, desgraciadamente, que la propaganda contemporánea rara vez se presenta como tal. No necesita de consignas visibles ni comunicados oficiales. Puede adoptar la forma de una tribuna firmada por un supuesto experto, una entrevista cuidadosamente seleccionada, un viaje patrocinado, una conferencia financiada o una columna de opinión publicada sin explicar quién la promueve, quién la paga o está detrás.

«La última crisis en la frontera de Ceuta ha vuelto a demostrar que el control de la información puede ser tan importante como el control del territorio».

El objetivo no es convencer a todo el mundo. Basta con instalar determinadas ideas en el debate público: que Marruecos es un socio imprescindible, que cualquier crítica perjudica las relaciones bilaterales, que la reivindicación sobre Ceuta y Melilla es una cuestión histórica legítima y que las decisiones de Rabat sobre inmigración o el Sáhara deben aceptarse como hechos consumados.

Después, esas piezas supuestamente periodísticas, regresan a Marruecos convertidas en aval internacional. «Lo publica un prestigioso medio español» funciona allí como argumento de autoridad, aunque el texto haya sido promovido, pagado o impulsado por claros intereses políticos. El medio deja de ser una plataforma periodística y se convierte en una pieza de legitimación exterior. Lo hemos visto una y otra vez en la prensa española durante esta crisis sin precedentes de Ceuta.

La contratación de agencias para mejorar la imagen de Marruecos en España, monitorizar las noticias y actuar como interlocutor con periodistas y medios hace muchos años que forma parte del ecosistema mediático español. Y no digamos ya de publicaciones especializadas en promover sin tapujos los intereses de Rabat que causan vergüenza ajena en cualquier periodista que se precie.

Y, por si fuera poco, no será ni la primera ni la última vez que se habla abiertamente de pagos a periodistas, expertos y tertulianos para difundir posiciones favorables a Rabat, especialmente en asuntos como el Sáhara Occidental, la inmigración, la lucha contra el terrorismo o la situación de Ceuta y Melilla. Incluso se ha atribuido a la DGED, el servicio de inteligencia exterior marroquí, la supervisión y puesta en marcha en nuestro país de una red de agentes y colaboradores en España, incluidos periodistas de diferentes perfiles, dispuestos a defender las posiciones del régimen.

«No será ni la primera ni la última vez que se habla abiertamente de pagos a periodistas, expertos y tertulianos para difundir posiciones favorables a Rabat».

Durante estos días todas estas circunstancias se han vuelto a hacer realidad y esos mecanismos de influencia están aprovechando una vez más la fragilidad del ecosistema mediático español. Tertulias y columnas de opinión se llenan de contenidos difícilmente asumibles para una opinión pública mínimamente rigurosa. Y no digamos ya si esos mismos contenidos de signo contrario se intentaran publicar en medios de comunicación del país alauita.

La crisis actual vuelve a evidenciar la importancia de la batalla informativa y la batalla por el relato. Ceuta y Melilla ocupan un lugar privilegiado en la estrategia marroquí. Rabat no necesita conquistar las ciudades para modificar la percepción sobre ellas. Le basta con convertir su soberanía española en una cuestión permanentemente discutible, presentar cualquier control fronterizo como una agresión y describir la entrada de miles de personas como una espontánea expresión de solidaridad popular o simplemente como una crisis humanitaria.

En España, entretanto, la presencia de periodistas marroquíes en tertulias es una constante que lejos de enriquecer el debate lo empobrece por su falta de rigor, pluralidad y transparencia. Son presentados como voces neutrales cuando defienden, sin contrapunto suficiente, la reivindicación territorial de su Gobierno y se convierten en auténticos voceros. Y lo mismo hacen, desgraciadamente, los tertulianos españoles que defienden la posición en este caso del gobierno de Pedro Sánchez, sea esta cual sea, indistintamente de que pueda cambiar de hora en hora. El argumentario de la Moncloa en la palma de la mano.

Y al final el problema de todas estas situaciones es que el espectador ya no sabe a qué atenerse y si está escuchando un análisis independiente, una línea editorial legítima o una operación de influencia más o menos pagada. La transparencia es la diferencia entre el pluralismo y la propaganda.

«El espectador ya no sabe a qué atenerse y si está escuchando un análisis independiente, una línea editorial legítima o una operación de influencia más o menos pagada».

Algunos confunden la libertad de prensa con la ausencia de controles sobre la financiación de los contenidos. Son cosas distintas. La libertad de expresión protege el derecho a publicar opiniones, incluso opiniones equivocadas o incómodas. Pero la ética periodística exige identificar los conflictos de interés, distinguir la publicidad del contenido editorial y revelar quién paga una tribuna. Incluso, como he dicho anteriormente, hemos podido ver estos días opiniones de personalidades marroquíes en medios españoles de centro derecha que podrían estar pagadas o subvencionadas de alguna manera.

Una tribuna remunerada puede ser legal, lo que ya no es tan legal es presentarla como opinión independiente si existe una financiación por detrás o una relación política que el lector desconoce. La publicidad encubierta no amplía la libertad de prensa: la degrada, porque priva al ciudadano de la información necesaria para valorar el mensaje.

Se han escrito muchas recomendaciones, decálogos y consejos sobre lo que la prensa española debería publicar, pero como mínimo yo me atrevo a señalar los siguientes:

• Quién financia las tribunas, suplementos y especiales sobre Marruecos.
• Qué viajes, foros o actos han sido patrocinados por instituciones marroquíes.
• Qué relación tienen los autores con gobiernos, embajadas, empresas o lobbies.
• Si una pieza es publicidad, contenido patrocinado o material editorial.
• Qué criterios utiliza el medio para seleccionar a los expertos que participan en tertulias.
  

España no puede exigir libertad de prensa en Marruecos y tolerar opacidad en sus propias redacciones. Tampoco puede permitir que la debilidad de sus medios convierta el interés público en una mercancía al alcance de cualquier Gobierno extranjero.

«España no puede exigir libertad de prensa en Marruecos y tolerar opacidad en sus propias redacciones».

La respuesta por supuesto tampoco debe ser censurar las opiniones favorables a Rabat ni cerrar las puertas a los periodistas marroquíes. Debe consistir en reforzar el periodismo profesional: más transparencia, separación estricta entre publicidad e información y una cultura editorial que identifique las campañas de influencia.

Marruecos hace mucho tiempo que ha entendido algo que España parece olvidar: quien define el relato condiciona las decisiones políticas. Por eso invierte en relaciones, contactos y narrativas.

La libertad de prensa no consiste en que cualquiera pueda comprar un espacio y hacerlo pasar por periodismo. Consiste en que el ciudadano pueda saber quién habla, desde dónde habla y quién paga la factura.