Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio de EEUU (FTC), ha pedido explicaciones al consejero delegado de Google, Sundar Pichai, sobre presunta desigualdad de trato en Gmail de los correos con los que republicanos y demócratas recaudan fondos. En concreto, los primeros estarían siendo objeto de un bloqueo frecuente que no sufren los segundos, según una reciente información del diario New York Post.
Google ya ha tenido que hacer frente a acusaciones similares en el pasado. En 2022 el Comité Nacional Republicano alegó que la compañía estaba marcando como spam sus correos de recogida de fondos, haciéndose eco a un estudio realizado en la universidad estatal de Carolina del Norte. Sus autores señalaban que hasta un 68% de los correos de la campaña republicana habían sido etiquetados como spam frente al 8% de los de la demócrata.
La demanda fue desestimada por un juez al considerar que la ley de derechos civiles de California no cubre la discriminación basada en afiliación política. Y también indicó que los proveedores de correo no están incluidos entre las compañías a las que se prohíbe la discriminación en la trasmisión de mensajes.
Mientras los republicanos han apelado esa decisión, Google se ha mantenido en su posición inicial sobre ausencia de sesgo. En documentación judicial que afloró recientemente explicaba que Gmail califica como spam algunos de los correos enviados por esa formación porque «parecen spam». Y añadía que «muchos usuarios» estaban marcándolos así, de forma que los controles automáticos de su servicio de correo tendían a tratarlos de esa manera.
La Comisión Federal de Comercio pide explicaciones a Google sobre presunta desigualdad de trato en filtros antispam de Gmail frente a demócratas.
La compañía recuerda que los filtros de spam de Gmail atienden a señales diferentes que se alimentan de la respuesta que ofrecen los usuarios. Entre ellas el hecho de que determinen que un correo tiene esas características o que un remitente envíe de forma recurrente muchos que acaben siendo etiquetados así. Y asegura que esas normas son aplicadas igualmente a todos, al margen de la ideología.
En todo caso, esa carta da continuidad a las preocupaciones de los conservadores sobre presunta censura con base ideológica de las compañías tecnológicas. Ya en febrero FTC lanzó una consulta pública para «entender mejor cómo las plataformas niegan o degradan el acceso a servicios en base al contenido de su discurso o afiliaciones, y cómo esa conducta puede haber violado la ley».
En paralelo a ese proceso, el organismo también investiga si los grandes grupos publicitarios han favorecido boicots organizados de anunciantes bajo la premisa de garantizar seguridad de marca. De hecho el compromiso de no incurrir en esas prácticas y el sometimiento a un control para verificarlo ha sido la condición clave para que el Gobierno estadounidense permitiera la compra de Interpublic Group (IPG) por parte de Omnicom Group (OMG).
