El Ministerio de Juventud e Infancia que encabeza Sira Rego ha pedido a la Fiscalía General del Estado que intervenga contra TikTok y ha planteado incluso la posibilidad de paralizar sus servicios en España. Esta reacción llega después de que una investigación realizada por Maldita.es haya documentado que acoge material de abuso sexual infantil y redes de intercambio de ese contenido en un contexto de moderación deficiente.
Ese trabajo ha identificado en 35 días hasta 1.183 vídeos que contienen material explícito de ese tipo que han acumulado 48 millones de visualizaciones. Más de 26.000 perfiles de la plataforma tienen indicios de participación en comunidades de intercambio de esos contenidos y 7.700 de ellos tienen el español como idioma de base.
En esos datos se sustancian prácticas como el uso del buscador de TikTok para localizar piezas que muestren explotación sexual infantil, así como la búsqueda de comunidades vinculadas a su distribución. Esto último se hace mediante vídeos, pero también con emisiones en directo y comentarios. Y además la red social estaría sirviendo como punto de contacto para derivar a compradores y vendedores de ese contenido a aplicaciones como Telegram.
Una investigación realizada por Maldita.es ha desencadenado esa respuesta del Ministerio de Juventud e Infancia.
Lo más grave de los hallazgos es la relativa facilidad con la que se puede encontrar este material usando funciones normales de TikTok. Maldita.es le facilitó un listado de 50 vídeos de ese tipo que considera ilegales y obtuvo respuestas iniciales diversas según el caso. De ellos 5 fueron retirados, 13 se bloquearon en España y sobre otros 3 no hubo respuesta. Pero hasta 29 fueron considerados no infractores, si bien luego algunos se retiraron.
Esto último es relevante en la medida en que supone probar cómo responde TikTok ante las notificaciones expresas de contenidos ilegales. Y es uno de los factores clave para explicar que Rego haya pedido por escrito a la Fiscalía General del Estado que valore los hechos y adopte medidas, y también que haya solicitado una reunión urgente a los responsables de TikTok en España para preguntarles por las medidas que piensan tomar.
La eventual suspensión del servicio es una alternativa que figura en la Directiva de Servicios Digitales (DSA) como último recurso ante la concurrencia de elementos especialmente graves. Requeriría la intervención de un juez que sería igualmente necesario en caso de que se activara la vía penal española, y que tendría que estimar la proporcionalidad, necesidad y garantías de la medida.
TikTok ya afronta investigaciones a nivel comunitario y de hecho la Comisión Europea acaba de concluir preliminarmente que pone en riesgo la salud mental de sus usuarios e ignora sus preferencias expresas para evitarlo. La plataforma china está sujeta a una supervisión extra por parte de la DSA al superar los 45 millones de usuarios en toda la región.
