El Tribunal Supremo de EEUU avala que el Gobierno pueda pedir la retirada de desinformación a redes sociales
Por una mayoría de 6 votos a 3 el Tribunal Supremo ha anulado el fallo de una instancia inferior sobre el caso Murthy v Missouri, que había determinado que los contactos del Gobierno con redes sociales sobre desinformación vinculada a la pandemia violaban la Primera Enmienda de la Constitución.
Eso supone que la Administración encabezada por Joe Biden podrá pedir a esas compañías la retirada de falsedades, algo que puede resultar crucial en el contexto de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
En ese contexto la decisión de la última instancia del sistema judicial de EEUU implica un varapalo para los republicanos, que vienen defendiendo la idea de que las plataformas operan de manera lesiva para la libertad de expresión y censuran el discurso conservador. Ese era el razonamiento bajo el que un juez de Louisiana dio la razón a los demandantes en su aseveración de que el Gobierno y las agencias federales estaban coaccionando a las compañías tecnológicas para que silenciaran esas voces bajo el pretexto de la desinformación.
Su fallo contó con el apoyo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, la circunscripción judicial que incluye los estados de Louisiana, Mississipi y Texas, que además emitió una orden que impedía las comunicaciones entre el Gobierno y las compañías tecnológicas. Sin embargo, la decisión firmada por la jueza conservadora Amy Coney Barrett del Tribunal Supremo señala que esas conclusiones fueron erradas y los demandantes no demostraban de manera adecuada que la administración de Biden pudiera dañarlos en su estrategia contra la desinformación.
Los grandes actores del sector protestan ante los promotores de la iniciativa por una nueva versión del texto aún más prohibitiva que las anteriores.
En sus conclusiones considera no probado que existieran amenazas por parte del Gobierno hacia las plataformas para que moderaran contenidos en su interés, lo que sí habría resultado en una violación de la Primera Enmienda de la Constitución. Ese añadido vigente desde 1791 prohíbe la creación de legislación que entre otras cosas reduzca la libertad de expresión o la libertad de prensa, y es igualmente el principio invocado por ByteDance para impedir que se le obligue a vender sus participaciones en TikTok bajo la amenaza de bloqueo de actividades en EEUU.
Uno de los elementos clave en la disputa ahora resuelta por el Tribunal Supremo era la campaña de vacunación masiva frente al coronavirus, que en todo el mundo estuvo sujeta a controversia por parte de grupos e individuos críticos y en las redes sociales se convirtió en una batalla cultural con altas dosis de desinformación.
