Las agencias alzan la voz contra los concursos públicos: «Estamos sorprendidos, no nos quieren escuchar»

Las agencias de publicidad alzan la voz contra la Administraciones Públicas y, en particular, con el Gobierno central. Las compañías representadas por La FEDE y la ACT (la AM se excluye de este frente común) han vuelto insistir en su protesta contra la organización de los concursos públicos en los que se eligen a las agencias para gestionar las campañas institucionales. Esta reivindicación no es nueva, aunque durante esta legislatura se esta intensificando.

En una rueda de prensa celebrada ante periodistas especializados, los representantes de ambas entidades –José Carlos Gutiérrez por parte de la FEDE y José María Rull por la de ACT– se volvieron a mostrar preocupados con la gestión de los concursos públicos.

Ambas entidades piden en concreto que este tipo de procesos de selección sigan una serie de requisitos, que hasta ahora se incumplen de manera sistemática: un mínimo de tres semanas para presentar las ofertas, presupuestos razonables, una solvencia económica lógica, que la parte técnica tenga más peso que la económica, no se debe permitir comisiones del 0% o que los comités de expertos estén cualificados. Según un estudio realizado por ambas entidades, el 90% de los concursos de este primer trimestre del año se saltan como mínimo alguno de estos criterios.

Un ejemplo paradigmático de incumplimiento de estos requisitos es el acuerdo marco publicitario de la Administración General del Estado, valorado en 112 millones de euros, actualmente en trámite. Este concurso fue licitado por el método de urgencia (las agencias solo tuvieron dos semanas para presentar sus ofertas) y únicamente se ha tenido en cuenta criterios económicos.

Sin embargo, la respuesta de las instituciones ha sido prácticamente nula hasta ahora. «Estamos sorprendidos de que las administraciones no nos quieran escuchar», expreso José María Rull, presidente de DDB, una de las agencias creativas más potentes de nuestro país. Sobre ello, José Carlos Gutiérrez, presidente de Alma MediaPlus, desveló que hasta ahora tan solo se han podido reunir con dos responsables de publicidad institucional en Moncloa pero sin llegar a ningún compromiso. En este sentido, han solicitado varias veces un encuentro con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, pero sin éxito hasta ahora. «Nuestro único interés es colaborar para que el trabajo que se hace para las Administraciones Públicas tengan los estándares de calidad que se están dando en las empresas privadas», manifestó Gutiérrez. «Pedimos que nos escuchen y sean receptivos a lo que los profesionales podemos decir sobre un área que conocemos».

«Nuestro único interés es colaborar para que el trabajo que se hace para las Administraciones Públicas tengan los estándares de calidad que se están dando a las empresas privadas».

El silencio del Gobierno actual es la respuesta habitual ante las diferentes peticiones de la industria publicitaria durante los últimos meses. Han solicitado, por ejemplo, ayudas económicas que han disfrutado otros sectores ante el desplome de la inversión publicitaria (un 17%, según Infoadex).  «Hay muchos países que han ayudado al sector de la publicidad y el marketing. Estamos esperando a que el Gobierno nos ayude. Hemos presentado muchas propuestas y desgraciadamente no hemos obtenido respuesta», señaló Rull.

Además de ello, varias asociaciones de anunciantes, agencias y medios han solicitado al Ejecutivo una moratoria sobre las nuevas restricciones a la publicidad, como es la que limita al sector del juego online. Estas entidades expresaron en febrero su preocupación por un «discurso político cada vez más negativo contra la publicidad», acompañado de un «creciente número de iniciativas dirigidas a restringirla».

Según el Observatorio de la Publicidad en España 2020, este sector generó un volumen de negocio de 18.700 millones de euros de inversión en medios en 2018, representando el 1,3% del PIB español y el 3,5% del volumen de todo el sector de servicios del país. Esta actividad económica es producida en España por más de 40.000 empresas, con más de 100.000 personas empleadas en el sector y solo en 2019 se crearon 2.000 nuevas compañías.