El declive de las televisiones autonómicas: mínimos históricos y acusaciones de manipulación

| 26 SEPTIEMBRE 2016 | ACTUALIZADO: 26 SEPTIEMBRE 2016 9:15

Pese a que es en el momento actual cuando más se cuestiona su función como servicio público, el ocaso de las televisiones autonómicas viene de tiempo atrás, cuando la crisis económica hizo acto de presencia. Fue a partir de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero cuando las administraciones regionales comenzaron a reducir las asignaciones presupuestarias a estas cadenas. Sin embargo, estos recortes no fueron acompañados de un ajuste severo en los abultados costes fijos que soportan las mismas lo que, sumado a las deudas de algunas, obligó a deprimir sus parrillas de programación.

A la vista de lo anterior, la situación de las cadenas inscritas en la Federación de Organismo o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) se ha agravado considerablemente en los últimos años, hasta el punto de convertirse en herramientas de control de los Gobiernos autonómicos de turno y perder la confianza de los espectadores. Un caldo de cultivo que ha propiciado que este verano registraran mínimos históricos en sus datos de audiencia al anotarse un 6,9% en junio, 7,1% en julio y 6,8% en agosto, según los datos recabados por Kantar Media.

Teniendo en cuenta que las cadenas de FORTA parten de un presupuesto que, en 2015, fue de 928 millones de euros, cada punto de audiencia que logran arañar supone un coste millonario para el contribuyente. Si a ello se suma el hecho de que sus programaciones son cuestionadas tanto por los partidos políticos instalados en la oposición como por los sindicatos de las cadenas, son muchas las voces que vuelven a replantear el debate sobre su idoneidad como servicio público.

Este verano registraron mínimos históricos en sus datos de audiencia al anotar un 6,9% en junio, 7,1% en julio y 6,8% en agosto

Inevitablemente, el centro del debate se instala en Telemadrid y TV3. La televisión madrileña se encuentra inmersa en un proceso de transformación estructural y editorial que trata de marcar distancias con las épocas del gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González. A tal fin, hace unos meses se emprendió un giro editorial hacia una información de mayor proximidad y despolitizada. Un movimiento que ha estado acompañado de la creación de la nueva Sociedad Anónima Radio Televisión Madrid y la renovación de su Consejo de Administración, que la semana pasada eligió a Salvador Molina por sorteo para el cargo de presidente.

Una vez otorgada la presidencia, el siguiente paso será elegir un nuevo director general de Telemadrid, cargo que ostenta desde 2014 Ángel Martín Vizcaíno. La persona encargada del poder ejecutivo deberá ser propuesta por los consejeros antes de pasar el examen de la Asamblea madrileña. No obstante, a la vista de los retrasos surgidos a la hora de dar el visto bueno al Consejo de Administración, algunos parlamentarios se muestran un tanto inquietos ante la posibilidad de que la falta de consenso vuelva a bloquear el proceso de elección. Y es que, si bien es cierto que el Partido Popular tiene la llave de la representación, deberá contar con el apoyo de al menos otras dos fuerzas para la designación del próximo director.

En cuestión de meses Televisión de Castilla-La Mancha ha pasado de ser acusada de defender los intereses de Cospedal a favorecer la política de García-Page

Pero, pese a la voluntad de cambio hacia una nueva Telemadrid, la dirección y los trabajadores todavía arrastran consecuencias del ERE practicado en la cadena pública en 2014 y que supuso el despido de 861 trabajadores. El último capítulo derivado de aquel proceso reconocido como ‘improcedente’ por el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en las contrataciones ‘a dedo’ que, según los sindicatos de la televisión, está realizando la dirección aun cuando está pendiente de ejecutarse la reintegración de decenas de empleados. Por si fuera poco, este proceso se desarrolla mientras su cuota de pantalla de agosto se situaba en el 4,5%, cuando en 2005, en el momento de la llegada del sistema digital terrestre, era del 14,4%

Si se compara con la de años atrás, la situación de televisión pública catalana también es muy diferente. En algo más de una década, la cadena ha pasado de superar el 25% de cuota de pantalla a registrar un mínimo histórico del 9,4% el pasado mes de agosto. El declive de su audiencia coincide con la decisión de convertir el medio en un instrumento a favor del proceso independentista, lo cual no ha hecho sino acentuar las acusaciones de manipulación informativa.

De hecho, el director de informativos de TV-3, David Bassa, ha protagonizado varias polémicas por su defensa del soberanismo, que en ocasiones ha apoyado en ataques contra las instituciones españolas. Su antecesor, Jaume Peral, fue nombrado director de la cadena por el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el pasado mes de febrero. Su amistad con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y su perfil independentista fue criticado por los partidos no independentistas y tres de los seis consejeros del consejo en el momento de su designación. Sonado es también el desequilibrio en su programación, que fue denunciado por el Consejo de Audiovisual de Cataluña en febrero cuando la cadena destinó más minutos a informar sobre las elecciones en Irán que a hablar sobre la corrupción de la familia Pujol.

Audiencias de las televisiones autonómicas en agosto. Fuente: Barlovento
Audiencias de las televisiones autonómicas en agosto. Fuente: Barlovento

Canal Sur representa otro de los ejemplos del declive sufrido por las televisiones autonómicas. A esta televisión se le atribuye haber hecho una campaña electoral a favor de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, durante las pasadas elecciones. El máximo responsable de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) es Joaquín Durán, quien llegó al cargo en marzo de 2013 de manera provisional y desde entonces mantiene el ínterin.

Mientras la falta de una mayoría cualificada en el Parlamento andaluz sigue suponiendo un escollo para la designación de un nuevo director, tras el proceso de fusión entre la radio y televisión andaluza sigue pendiendo la amenaza de una posible reducción en su plantilla de 1.257 empleados, probabilidad que sido desmentida por el Gobierno andaluz. A esta situación se une la destitución el pasado mayo de Antonio Ramírez como director de Antena y Estrategias por sus supuestos vínculos con la trama de Ausbanc.

La avanza pérdida de credibilidad y la instrumentalización partidista es especialmente llamativa en el caso de la Televisión de Castilla- La Mancha. En los últimos meses ha pasado de ser acusada de defender los intereses de María Dolores de Cospedal a favorecer la política del actual presidente Emiliano García-Page.

La sonora y polémica salida de Ignacio Villa y la posterior llegada de Carmen Amores a la dirección no han logrado poner fin a las denuncias de manipulación. El último caso conocido se produjo el pasado mayo, cuando los editores del informativo de fin de semana fueron destituidos por emitir una información en contra del García-Page durante el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña.

En cuanto a la gestión de la Televisión de Galicia, en 2011 Alberto Núñez Feijóo se comprometió a transformar la cadena gallega, para lo que pactó con los socialistas la Ley de Medios Públicos, donde se recogía la intención de convertir la compañía en una corporación mercantil y de esa manera garantizar su independencia. Del mismo modo, decidió nombrar provisionalmente para el cargo de director general a Alfonso Sánchez Izquierdo, entonces responsable del diario ‘La Región’.

En efecto, cinco años después, tras unas nuevas elecciones regionales, se ha producido la transformación hacia una empresa mercantil. Asimismo, TVG registró el pasado mes de agosto una cuota de pantalla del 8,9%, lo que la convierte en la segunda cadena autonómica con mayor audiencia, por detrás de la catalana.