Varios países de la Unión Europea preparan restricciones de acceso a redes sociales para menores ante la preocupación de su impacto en su salud, y el Parlamento comunitario acaba de sumarse a ese movimiento. Una mayoría de sus miembros ha votado a favor de una resolución que pide que los menores de 16 años no puedan utilizarlas, salvo si sus padres deciden lo contrario a partir de los 13.
Esta acción no es legalmente vinculante pero sí aumenta la presión para tomar medidas sobre la Comisión Europea, que por otra parte ya está estudiando la iniciativa del Gobierno de Australia al respecto. Allí ha impuesto la primera prohibición a nivel global de uso de redes sociales para menores de 16 años, cuya entrada en vigor está prevista para las próximas semanas.
En un discurso pronunciado en septiembre la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen anunció que estaría pendiente de la implementación de esa ley, como parte de una reflexión general acerca de la protección de los niños en internet. De hecho criticó «los algoritmos que se aprovechan de las vulnerabilidades de menores con el propósito explícito de crear adicciones» y habló de la sensación de impotencia de muchos padres en esa situación.
Por ello se comprometió a crear un panel de expertos antes de que termine el año, de cara a recomendar las medidas más adecuadas para afrontar esas circunstancias. En ese contexto la nueva resolución del Parlamento Europeo, redactada por la diputada danesa socialdemócrata Christel Schaldemose, refleja aspectos problemáticos como el scroll infinito, los vídeos que se reproducen solos o notificaciones móviles.
Esas y otras palancas de diseño de esas aplicaciones generan adicción, según indica la autora del documento en base a un estudio. Y por ello apela a la necesidad de introducir regulación suplementaria a la Directiva de Servicios Digitales, que sí aborda cuestiones como el contenido ilegal o la desinformación pero no las específicamente relativas a protección de menores.
La propuesta de Schaldemose ha contado con el apoyo de 483 eurodiputados, con la oposición de 92 y la abstención de 86. Y coincide en el tiempo con la iniciativa de la Comisión Europea de simplificar el marco legislativo digital para aumentar la competitividad.
