La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España, expresa su «profunda decepción» con el rumbo que ha tomado la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia e Integridad en la Actividad de los Grupos de Interés, conocida como Ley de Lobbies.
«Tras más de una década de debates, recomendaciones de organismos europeos e internacionales y reiteradas llamadas a dotar a España de un marco regulatorio claro, homogéneo y exigente de las actividades de los grupos de interés, asistimos de nuevo a un escenario en el que las legítimas diferencias partidistas se imponen sobre la responsabilidad compartida de modernizar nuestras instituciones y reforzar la democracia para hacerla más transparente, plural y participativa», critica.
APRI lamenta «la falta de altura de miras», concretamente entre las dos principales fuerzas políticas del país. «La sana discrepancia en torno al tiempo y la forma en que debe organizarse la creación de la autoridad independiente que gestione el registro de transparencia previsto en la Ley no puede ser la causa de una nueva oportunidad perdida para España».
APRI lamenta «la falta de altura de miras» entre los dos principales grupos políticos para aprobar la ley.
La asociación de lobbies resaltan que el grupo socialista y popular coinciden en que las funciones administrativas, sancionadoras y de control recaigan en una autoridad independiente específica; y que la única gran divergencia está relacionada con los plazos y configuración transitoria. Además, se ha planteado como punto de desencuentro la cuestión de dotar -de manera inmediata o posterior- de interoperabilidad al registro de grupos de interés con otros registros ya existentes, algo que, a juicio de APRI, «la experiencia europea demuestra que se puede implementar desde el inicio o posteriormente y que fortalece la eficiencia del sistema».
La organización que preside Carlos Parry considera que las diferencias en las posturas entre PP y PSOE no son suficientes para impedir el avance de la ley. «El resultado de estas decisiones es que España volverá a perder el tren de una regulación sólida, coherente y ambiciosa de la actividad de lobby. Esta regulación ha sido reclamada reiteradamente por los propios profesionales del sector y por instituciones como la Comisión Europea, el GRECO o la OCDE. No se trata de un debate secundario, sino de una pieza estructural para la calidad democrática, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.
«No acordar esta regulación reflejaría una falta de voluntad política injustificable y nos invitaría a pensar que los partidos se escudan en cuestiones menores para evitar una normativa que permita diferenciar claramente la actividad profesional, ética y honorable de los lobistas de los múltiples casos de corrupción protagonizados por distintos políticos y que nada tienen que ver con los asuntos públicos», declaran.
Desde APRI hacen un nuevo llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias, y en particular a los dos grandes partidos, para que retomen «la lógica del acuerdo y del interés general en esta materia, trabajando para lograr una regulación exigente, rigurosa y alineada con las mejores prácticas internacionales».
APRI reitera, finalmente, su plena disposición a colaborar —desde un enfoque técnico, profesional y no partidista— con el Gobierno y con todos los grupos parlamentarios en la mejora del marco normativo, con la única finalidad de que España «deje de ir a remolque y pase a situarse entre los países que abordan con seriedad, transparencia y responsabilidad democrática la regulación de los grupos de interés».
