Capítulo 14: Asuntos Públicos: entre el lobby y las relaciones ocultas

Carlos Díaz Güell

«Un lobbysta me explica un problema en diez minutos; mis asesores tardan dos días». La cita procede, según distintas fuentes, de John F. Kennedy en su época de senador y refleja fielmente una parte fundamental de la función del lobby en aquellos países donde esta actividad está regulada y controlada.

El lobby es una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos ante los distintos ámbitos de la toma de decisiones públicas. Su objetivo es trasladar a las administraciones públicas y distintos partidos políticos la posición e intereses de una organización, trabajar para que esos intereses formen parte del debate y sean tenidos en cuenta y conseguir que la normativa beneficie y no perjudique los intereses de la organización o colectivo.

En este sentido, cabe recordar que en España se intentó iniciar la regulación del lobby en 2021, tras la apertura de un periodo de consulta pública sobre los anteproyectos de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés (lobbys) y de prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público.

A día de hoy, todavía no se encuentra ninguna de estas normas en vigor, por lo que la Unión Europea está forzando su regulación, ligándolo con el desembolso de los fondos Next Generation.

La UE lo tiene claro desde hace tiempo y en el Registro de Transparencia Obligatorio de la Unión Europea en materia de lobby se indica que éste tiene una serie de componentes principales íntimamente ligados con la comunicación como son intervenir en audiencias públicas en el Parlamento, participar en consultas públicas celebradas por la Comisión o en organizar campañas de comunicación.

La Constitución española, haciendo una lectura interpretativa, propugna como valores superiores la libertad y el pluralismo político; un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. A pesar de ese pronunciamiento constitucional, en España se sigue teniendo una valoración pacata del mundo del lobby y en muchos círculos sigue siendo sinónimo de poder en la sombra debido entre otras razones a la negativa de los sucesivos gobiernos y parlamentos democráticos de España a regular su actividad, posiblemente por temor a levantar todo tipo de suspicacias de que con esa normalización se facilita la vida a «los poderosos».

Consciente de ello, el mundo de la comunicación y las consultoras decidieron incorporar los asuntos públicos —el lobby— como un servicio o actividad más de los que ofrece o desarrolla, teniendo claro que alguien califica la regla del 5 veces 20 % de derecho, 20 % de política, 20 % de economía, 20 % de diplomacia y 20 % de comunicación. Un coctel que hay que saber gestionar que y no es nada fácil.

Hoy por hoy, el lobbying y en mayor medida los asuntos públicos han terminado por imponerse en el mundo de la comunicación corporativa o institucional respaldado por actitudes propiciadas en el ámbito internacional como la de la universidad de Harvard que, tras haber investigado a los lobistas durante casi un año, llegó a la conclusión de que el lobby «no supone cohecho alguno y que los lobistas centran su atención profesional en pulir el arte de entablar relaciones, principalmente con miembros del equipo de gobierno, pero también con clientes potenciales, coaliciones y otros individuos y organizaciones relacionadas con las áreas de trabajo de sus clientes».

El lobby sigue sin estar regulado en España

Esta conclusión universitaria norteamericana se traslada a España con la existencia una Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) —asociación de profesionales del lobby— que en su momento presentó sus observaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés al Ministerio de Hacienda y Función Pública. E incluso tenía una presidenta —María Rosa Rotondo— desde hace diecisiete años que en declaraciones públicas afirmó que «en España sólo tienen influencia de verdad cinco o seis personas».

Según Rotondo, llevan la etiqueta de lobista en España unas 600 personas, frente a los 11.000 que despachan en Bruselas, considerada la capital mundial de esta actividad, por delante de Washington; de unos años a esta parte los Asuntos Públicos están adquiriendo una fortaleza considerable, pudiéndose dedicar a este oficio desde políticos, directores de comunicación, abogados, secretarios de consejos de administración o políticos no en activo.

En definitiva, el proceso del lobbying es un acto comunicativo que debe ser realizado por especialistas en comunicación política o institucional en la medida en que los actores pueden ser los miembros de los órganos públicos, los expertos en comunicación de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, sindicatos o patronales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sensible a una realidad y aunque su regulación legal no está completa, creó en 2016 un Registro de Grupos de Interés y de Presión con alta asociaciones y entidades de alta actividad que van desde las grandes superficies a la patronal del taxi o fabricantes de automóvil, pasando por consultoras de comunicación que se convierten en el brazo armado de muchas empresas que buscan solucionar sus problemas frente a la administración.

Así, se puede leer en el registro de la CNMC como alguna consultora registrada señala en el apartado de Finalidad y Objetivos lo siguiente: «Somos una consultora estratégica especializada en asesoramiento en materia de comunicación. Entre nuestros objetivos destaca la representación del cliente en materia de comunicación externa e interna y el desarrollo de actividades relacionadas con su imagen y posicionamiento externo. Ofrecemos diferentes servicios de consultoría de comunicación y, además, podemos llevar a cabo acciones de representación de nuestros clientes ante determinadas instituciones u organizaciones públicas y privadas, con el fin de defender sus intereses». Puro lobby.

A la hora de bucear en la historia del lobby en España, aquel que está ligado con el mundo de la comunicación, un nombre sobresale sobre el resto; el de Rafael Ansón Oliart, calificado por Wikipedia como «empresario especializado en imagen y comunicación». Entre los más sobresalientes méritos como profesional del lobby y de la comunicación no hay duda en señalar el nombramiento por ABC de Jordi Pujol como «español del año» y su consiguiente portada en el diario monárquico dirigido por su hermano «por su servicio a España» y la «contribución considerable» del líder nacionalista para «hacer visible la Constitución y la monarquía democrática que restaura las libertades de España». Esto acaecia en 1986.

Este nuevo y lucrativo mercado está creado y liderado a nivel global por Brunswick Group, con casi 500 millones de dólares de facturación anual; Finsbury Glover Hering, con 400; y seguido a cierta distancia por H/Advisors, FTI Consulting y Teneo, con volúmenes de entre 100 y 200 millones de dólares de facturación. Todos han experimentado crecimientos anuales de doble dígito, según datos de Mergermarket y de Provoke. Estas firmas constituyen el top 5 mundial de las consultoras/advisory de asuntos públicos y comunicación.

Recientemente, el fondo KKR (Kolbert, Kravis, Roberts & Co) considerado el mayor inversor directo del mundo, con un volumen de inversiones superior a los 400.000 millones de dólares a lo largo de su historia, se hacía con un 29 % de FGS Global, grupo resultante de las consultoras de comunicación estratégica Finsbury, The Glover Park, Hering Schupenner y SardVerbinnen& Co.

En España, el mercado de los Asuntos Públicos en España no para de crecer y las firmas especializadas en áreas de regulatorio, incidencia política, relaciones públicas o institucionales cuentan cada vez con mayor predicamento y, por ende, con mayor volumen de negocio, hasta el punto de las grandes consultoras tienen un crecimiento por encima del 10 %, porcentaje que se incrementa sensiblemente dependiendo de las citas electorales que tengan lugar.

El derecho a ser escuchado es uno de los pilares en los que se ha de basar una estrategia consistente de asuntos públicos porque es, además, un elemento constitutivo de cualquier democracia liberal.

Englobando al lobby está el concepto de relaciones institucionales, que se refiere a la capacidad de influir y al establecimiento de una interlocución fluida con los actores del ecosistema de relación de una organización, aunque no se incida directamente en ellos.

Por encima de ambos conceptos está el de asuntos públicos, de carácter más estratégico y que busca integrar las dos realidades anteriores en un modelo sinérgico que reconoce la complejidad del ecosistema público y de las lógicas que lo conforman.

En el ámbito de los Asuntos Públicos, por lo tanto, el objetivo es entender los intereses y necesidades de los clientes y generar una narrativa clara y coherente enfocada al ecosistema público. No se trata tanto, o tan solo, de influir en una decisión, como de hacer entender al regulador o a los políticos que todas las partes han de ser oídas en el proceso de toma de decisión, porque en el mundo moderno la simplicidad suele ser, en el mejor de los casos, ingenua: no hay una sola respuesta legítima a los problemas públicos porque estos problemas se construyen entre todos los actores, y no puede ser que solo los que tienen un acceso privilegiado a la agenda puedan exponer sus argumentos.

El derecho a ser escuchado, por utilizar la terminología de Michael Ignatieff, es uno de los pilares en los que se ha de basar una estrategia consistente de Asuntos Públicos porque es, además, un elemento constitutivo de cualquier democracia liberal.

Son muchos los analistas que consideran que es ahí —Agenda 2030— donde hay que buscar el origen de la situación del sector agropecuario en la UE y que ha terminado por explotar mediante manifestaciones masivas de agricultores y ganaderos contra la política comunitaria en materia agrícola y ganadera en beneficio de la política medioambiental.

La publicación digital Vozpópuli realiza una lectura sobre el asunto que no hay que rechazar a priori y que consiste en cargar todos los males de la agricultura y la ganadería europea que se resume en una frase: «Europa no nos escucha». Es decir, que «el campo» dedica muchos menos recursos que «la ecología» en los órganos comunitarios en defensa de los intereses de ambos.

El Portal de Transparencia de la UE refleja la infrarrepresentación que hay de los agricultores y ganaderos en Bruselas, frente a la «masiva» influencia de los sectores medioambientales y que se resume en la existencia de 1.685 grupos de presión de carácter ecologista y de defensa del medioambiente frente a los 623 en la categoría agricultura.

Queda constatado así cómo el sector ecologista tiene mucha más influencia en las políticas europeas porque tiene hasta tres veces más representación que el campo, con su correspondiente posibilidad de presionar.

En el apartado de búsqueda general del registro de transparencia de la Unión Europea, en el que se puede investigar qué «intereses están representados a escala de la UE y en nombre de quién, así como los recursos financieros y humanos dedicados a estas actividades», al escribir la palabra agriculture (agricultura en inglés), se muestran esos 623 resultados; por el contrario, al insertar el término environment (medioambiente en inglés) se muestran las casi 1.700 opciones. Es decir, el medioambientalismo tiene 1.062 más posibilidades de influir en las decisiones comunitarias que el campo.

Aunque el mundo de los asuntos públicos no está suficientemente consolidado en España, si bien las multinacionales ya se han lanzado sobre lo más granado de las consultoras del sector, sí existe, salvo excepciones, una cierta relación entre las principales consultoras de comunicación y las consultoras especializadas en asuntos públicos: Atrevia, LLYC, Tinkle, BCW, Estudio de Comunicación, Evercom, Kreab, Omnicom, Political Intelligence, aunque hay consultoras como Acento, Quum, Marco, Roman o Puentia, con unos crecimientos de facturación en Asuntos Públicos sorprendentes.

Con el crecimiento de los marcos regulatorios y asuntos públicos impactando en el negocio, las organizaciones gestionan su contexto geopolítico y socioeconómico de manera segura, confiable y controlada para consolidar una agenda pública que responda a las expectativas de su entorno.

Es así como la función de los public affairs resulta clave para garantizar la buena reputación, la cuenta de resultados de las compañías, su sostenibilidad, el valor de sus activos intangibles y el alcance de sus objetivos estratégicos.

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta este emergente sector de los asuntos públicos viene marcado por el nivel profesional de sus consultores. Javier Valiente, de Political Intelligence España, considera que «las organizaciones ahora tienen el gran reto de estructurar un área de public affairs, encontrar talento capacitado e integrar la actividad con los objetivos de negocios y reputacionales».

De los más de 20.000 lobbystas que ejercen su profesión en Washington, una parte importante ha tenido responsabilidades directas previamente en instituciones públicas estadounidenses.

Pero no es fácil localizar ese talento para una actividad tan compleja como son los Asuntos Públicos, uno de cuyos elementos indispensables es el conocimiento de las instituciones públicas. «Saber qué niveles competenciales ostenta cada Administración, quiénes son los interlocutores apropiados, cómo se tramitan y ejecutan las cosas, cuáles son los cauces y procedimientos adecuados… en definitiva, conocer la Administración Pública, tanto nacional como supranacional, de la misma manera que la conocería un opositor», así opina David Álvaro, director de una de las principales consultoras de Asuntos Públicos española, Acento. Tanto es así —continúa— que los perfiles con experiencia en las administraciones públicas, bien como responsable político, bien como técnico, son perfiles altamente demandados por este tipo de consultoras.

Para apuntalar su tesis, Álvaro recuerda que de los más de 20.000 lobbystas que se calcula ejercen su profesión en Washington, una parte nada desdeñable de esa cifra ha tenido responsabilidades directas previamente en instituciones públicas estadounidenses. No se trata de una mera cuestión de contactos, sino de la experiencia, el conocimiento y el bagaje que posibilitan que de manera eficaz se aborden los asuntos con la mayor responsabilidad y rigor posible. No todo es cuestión de una cargada agenda telefónica.

No le falta razón a Álvaro cuando señala el déficit de profesionales aptos para el desarrollo de esta actividad como una de las grandes preocupaciones del sector.

Sus nombres no suelen aparecer en los medios de comunicación salvo imponderables de diversa índole, ya que el low profile se impone si de lo que se trata es de alcanzar el éxito y conseguir los objetivos para los que han sido contratados.

La lista no es interminable, pero si muy selecta y reducida y a ella no accede cualquiera, sino profesionales con una amplia experiencia y una todavía más extensa agenda.
Sin necesidad alguna de hacer públicas las consultoras o bufetes para quienes prestan sus servicios, merecen ser citados por su relevancia los siguientes nombres:

• Eduardo Madina, secretario general del grupo parlamentario socialista.
• Jaime Olmos, miembro del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con Aznar.
• Xavier Cima, diputado de CiU en el Parlament de Cataluña y ex marido de Inés Arrimadas.
• Rafael Catalá, ministro de Justicia en el gobierno de Rajoy.
• José Bono, ministro de Defensa y presidente del Congreso con el PSOE.
• Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unión Democrática de Cataluña y portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados.
• Cristina Villalba, directora de comunicación del secretario de Estado para la UE y portavoz de asuntos europeos del PSOE con Rodríguez Zapatero.
• Iban Rabasa, presidente de Unió de Joves de UDC y exdirector general de Relaciones Exteriores de la Generalitat.
• Lucas Calvo, asesor económico de UPyD en el Congreso de los Diputados.
• Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas en el gobierno de Rodríguez Zapatero.
• José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y exdirector de gabinete de Rajoy.
• Román Escolano, ministro de Economía, Industria y Competitividad con Rajoy.
• Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, de Administraciones Públicas y delegado del Gobierno en Madrid con Felipe González y Rodríguez Zapatero.
• Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con José María Aznar.
• Juan Verde, subsecretario adjunto para las Relaciones Comerciales de EEUU y Europa.
• Maite Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno de España con gobierno del PSOE.
• Tania Sánchez, diputada de Podemos y de Más Madrid.
• Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración en gobierno de Zapatero.
• Fernando Moraleda, secretario general de Agricultura y ex secretario de Estado de Comunicación con gobierno de Zapatero.
• José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y ex portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado.
• Diego Sanjuanbenito, jefe de gabinete de Pablo Casado, concejal, director general.
• Joan Clos, ministro de Industria, Comercio y Turismo de España y exalcalde de Barcelona por el PSOE.
• Manuel Muñíz, secretario de Estado de España Global con Pedro Sanchez
• Isabel Bonig, diputada de las Cortes Valencianas y presidenta del PP valenciano.
• Diego Gago, diputado del PP en el Congreso.
• Marta Pascal, senadora y diputada autonómica del nacionalismo catalán.
• Nacho Corredor, asesor en el Gabinete de la ministra de Política Territorial y Función Pública con Pedro Sánchez.
• Carina Mejías, diputada con Ciudadanos y PP.
• Gabriel San Miguel, director de Gabinete del concejal de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid con Ciudadanos.
• Toni Roldan, diputado en el Congreso en representación de Ciudadanos.
• Joaquin Barga, director de gabinete de Ignacio Aguado, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid.
• Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con Mariano Rajoy.
• Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo con Rajoy.
• Marta Fernández Curras, secretaria de Estado de Presupuestos y Gasto con Rajoy.
• Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda con Cristobal Montoro.
• Juan Manuel Herrero, director de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria con Mariano Rajoy.
• Pablo Zalba, presidente del ICO y eurodiputado con el PP.
• José Manuel de Bunes, director general de Tributos con Rodríguez Zapatero.
• David Mellado, secretario general técnico del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con Rajoy.
• Antonio Hernández, exdirector general de Política Energética y Minas en el gobierno del PSOE de Zapatero.
• Cándido Pérez Serrano, director general de presupuestos de la Comunidad de Madrid.
• Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno con Rajoy.
• María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa del gobierno de Rajoy y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
• Albert Rivera, diputado y expresidente de Ciudadanos.
• José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
• José María Michavila, ministro de Justicia con Aznar
• Ángel Acebes, ministro de Interior con Aznar
• José Blanco, ministro de Fomento con Rodríguez Zapatero
• María Pico, directora de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaria
• Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con Rajoy
• Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, exdiputada y exparlamentaria europea.