En Europa se sirve medio millón de impresiones publicitarias diarias que no respetan las decisiones de los usuarios
El Reglamento General de Protección de Datos lleva más de tres años en vigor pero eso no equivale a que el control de los usuarios sobre sus datos sea pleno. Esa es la conclusión del estudio realizado por la compañía de monitorización de anuncios Confiant, que detectó que entre mayo y el final de agosto de este año se estaban sirviendo 500.000 impresiones diarias no acordes con lo que los usuarios habían escogido en cada caso.
Esa cifra supone un porcentaje muy pequeño sobre los millones de peticiones comerciales que se realizan cada segundo en diferentes plataformas y en la mayoría de los casos no concurre “comportamiento malicioso”. Eso es lo que cuenta a Digiday el responsable de Estrategia de Confiant, John Murphy, que además concreta que la mayor parte de esa actividad no autorizada viene de la mano de compañías de tecnología publicitaria relativamente poco conocidas. Todas ellas trazarían en estos casos al usuario antes de que haya dado su consentimiento o incluso después de negarlo.
Además el 51% de esos problemas procede de proveedores que no se habían registrado para utilizar el estándar de IAB, Transparency and Consent Framework (TCF). El 45% sí lo estaban y pese a ello seguían a los usuarios más allá de lo que estos les habían permitido que hicieran.
Los incumplimientos aflorados por la compañía de monitorización de anuncios Confiant suponen una pequeña parte de todo lo que se tramita en territorio europeo.
Precisamente IAB Europa está monitorizando webs permanentemente y detecta infracciones del mismo tipo, pero también otras como comunicaciones poco claras a la hora de explicar el uso que se va a dar a los datos del usuario por parte del propietario de la web y otros socios comerciales. Requiere un esquema concreto para considerar válido el permiso.
La organización ya había advertido en 2020 a sus miembros de que sería estricta en los estándares de consentimiento para evitar problemas reputacionales y proteger al sector de eventuales complicaciones legales. En los últimos seis meses se ha dirigido a al menos 10 compañías advirtiéndoles de que no estaban cumpliendo con el TCF en los servicios de gestión del consentimiento que prestan a editores.
