La Comisión Europea acaba de imponer la segunda sanción más importante de su historia a una empresa. Y, tal y como sucedió con la primera en 2018, el destinatario ha sido Google. La autoridad comunitaria considera que ha ejercido abuso de posición dominante en el ámbito de la publicidad digital y cree que solo la venta forzosa de activos puede equilibrar la situación.
Según se lee en el dictamen, la Comisión Europea considera que Google se ha valido de su preponderancia en la compraventa de anuncios digitales para derivar negocio a su propio mercado de intercambio, AdX. Y además de la sanción exige que resuelva esos «inherentes conflictos de interés» en el plazo de 60 días.
Bajo esa perspectiva, la autoridad comunitaria insiste en su conclusión previa de que el gigante tecnológico debe desinvertir en algunas partes de su entramado, ya que considera que su presencia en todas las partes de la cadena publicitaria digital es perjudicial. Esa teoría va en línea con lo que sostiene el Departamento de Justicia del Gobierno de EEUU, que le ganó en abril una demanda antimonopolio sobre esa misma actividad.
En ese último caso, Google está pendiente de los remedios que determine la juez para restaurar competencia. El vencedor de la causa ha pedido que se le obligue a vender dos de sus negocios vinculados a publicidad digital, un escenario que favorecería en principio a rivales independientes como The Trade Desk o Magnite.
Es la segunda sanción más elevada impuesta por la autoridad comunitaria a una empresa y llega en plena negociación de aranceles con EEUU.
La compañía tecnológica ha anunciado que recurrirá la decisión de la Comisión Europea por considerar que existen «más alternativas a nuestros servicios que nunca», según su responsable global de asuntos regulatorios Lee-Anne Mulhollan. Esta sanción se venía anticipando desde hace semanas pero su publicación se retrasó varios días coincidiendo con las conversaciones con el Gobierno de EEUU sobre aranceles.
Según avanzó Reuters, el aplazamiento se correspondía con la intención de no enfadar a Donald Trump, que considera las multas y la regulación específica contra las empresas tecnológicas de EEUU como palancas discriminatorias e injustas. De hecho, al conocerse la sanción ha anunciado la apertura de una investigación comercial amparada bajo la sección 301 de la Trade Act de 1974.
Esa herramienta le permite a investigar las prácticas comerciales de otro país si son injustificadas, no razonables o discriminatorias, así como si suponen una carga o restricción al comercio de EEUU. Si concluyera que la práctica investigada es injusta podría derivar en aumento de aranceles, restricciones a importaciones y otras posibles medidas coercitivas.
